El ministerio público decretó la nulidad del proceso disciplinario que adelantaba en contra del gobernador de Casanare, Óscar Raúl Iván Florez, por presuntas irregularidades en la asignación de viáticos que a favor suyo había autorizado la administración departamental.
La procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, acogió la petición de la defensa del dirigente, al considerar que, efectivamente, se habían afectado los principios de legalidad en el recaudo de las pruebas.
Vladimir Andrade, abogado del jefe de la administración regional, dio cuenta de la manera irregular como los delegados por el organismo de control habían dado curso a las diligencias en las que fueron acopiadas los elementos que sustentaban la queja disciplinaria en cotra del funcionario.
Señaló que la Procuradora Carreño tuvo en cuenta el hecho de que su defendido no haya tenido la oportunidad de controvertir los elementos de prueba en su contra, pese a que acreditó la imposibilidad para estar presente en las actuaciones de las que dispuso el organismo para dar trámite a la investigación.
“Las pruebas se tomaron con fundamento en autos y comisiones de servicio que no tenían validez; se hicieron en un procedimiento que no tenía ningún fundamento con lo investigado y, en ese orden de ideas, se logró probar que la prueba recaudada no contaba con controversia, pues el contradictorio nunca se hizo”, sostuvo.
Según los alegatos del accionante, el Gobernador no presentó los documentos que acreditaran la pertinencia de la orden de servicios de donde se derivó su traslado a varias zonas del país y, por ende, la cancelación de los viáticos a nombre del dirigente.