El designado ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras dijo que la reforma judicial que se tramitará próximamente en el Congreso de la República no se producirá hasta tanto no haya una previa concertación con los magistrados de las altas cortes. 

Precisó que sigue considerando impertinente incluir la iniciativa de dejar bajo el resorte exclusivo del Ejecutivo la responsabilidad de elegir al nuevo Fiscal General de la Nación y agregó que tampoco es prudente, a su juicio, seguir manteniendo la existencia del Consejo Superior de la Judicatura. 

Para Vargas Lleras, las funciones de la Judicatura en materia administrativa deben ser suplidas por un nuevo órgano integrado por los presidentes de las altas cortes, que deberán nombrar a un gerente.

A su vez, considera que la función disciplinaria de esta Corporación debe radicar en los superiores jerárquicos de cada jurisdicción, es decir que las salas disciplinarias de cada uno de ellos y los colegios de abogados, serían las responsables de vigilar las actuaciones de los juristas.

El nuevo jefe de la cartera política y judicial precisó que el proyecto también debería contar con propuestas como la creación de un código único de procedimiento, que contenga las funciones penales, administrativas y civiles, con el fin de generar practicidad en el conocimiento de cada una de las jurisdicciones.

Añadió que la tutela no puede ser un vehículo para controvertir sentencias judiciales, y de ahí la necesidad de reformarla, y que la congestión de la Rama, eventualmente, podría ser revertida si, por ejemplo, se otorgan facultades especiales a los notarios para asumir competencias jurídicas, en ese sentido.

Vargas Lleras señaló, de la misma manera, que es innegable el compromiso que tiene la institucionalidad colombiana para contar con una jurisdicción especial en materia de extinción de dominio, pues los hechos demuestran que no ha sido ágil la manera como los organismos de Policía Judicial han venido cumpliendo esta labor de intervención en los bienes adquiridos mediante el desarrollo de actividades ilícitas.

La declaración se produjo a la salida de la reunión que sostuvo este viernes con la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del acercamiento del otrora candidato presidencial con la Rama Judicial.

El encuentro, concretado el jueves anterior, es el inicio de una serie de sesiones que sostendrá el nuevo jefe de la cartera política y de justicia con los más altos representantes del poder jurisdiccional, que tendrá como nuevo capítulo el encuentro con el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo y con los magistrados del Consejo de Estado.

La reunión con González tendrá lugar el próximo lunes 2 de agosto, a horas del mediodía, en tanto que ya tiene fijado en su agenda el encuentro con los consejeros de Estado para el jueves siguiente, 5 de agosto.

Concluyó que el propósito del Gobierno es restablecer los diálogos y las buenas relaciones con el poder Judicial, y de ahí que no considere prudente aplicar reformas frente a las cuales los más altos dignatarios de la Rama se han mostrado en absoluto desacuerdo; agregó que lo primero que hará el presidente Juan Manuel Santos, una vez posesionado, será reunirse con los magistrados.