Ante la Corte Suprema de Justicia fue denunciado nuevamente el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ante la supuesta falta de diligencia que ha tenido el funcionario para investigar la probable participación indebida en política en la que habría podido incurrir el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Luis Álvaro Rincón Rojas.
El quejoso, Juan de Dios Villamil Velandia, considera que el jefe del Ministerio Público no ha tenido en este caso el mismo interés que mostró en el caso del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, que a su juicio fue merecidamente destituido por la misma falta de la que se sindica al alcalde de Mosquera.
La acción está relacionada con la presunta celebración de un acto público, que tuvo lugar el 30 de enero pasado en Mosquera, donde, se presume que el funcionario estuvo promocionando la campaña al Congreso de la República del candidato al Senado, Carlos Ferro, y el aspirante a la Cámara de Representantes, José Caicedo.
En el escrito presentado ante la Sala Penal de la Corte, el denunciante dio cuenta del contenido de una grabación audiovisual en la que, al parecer, se identifica al alcalde agradeciendo públicamente la gestión de los dirigentes para la consecución de 500 "Computadores para educar" y la adquisición de recursos provenientes del Ministerio del Interior y de Justicia para la ampliación de la sede de la Alcaldía.
"El senador Carlos Ferro y mi amigo José Caicedo me están ayudando inmensamente en eso; son dos personas que tienen un ligamento especial con nuestro municipio y, por supuesto, el senador Carlos Ferro va a aspirar al Senado y yo lo voy a ayudar y le pido a mis amigos que le ayuden", dice la transliteración aportada en la denuncia por parte de Villamil Velandia.
El accionante dice haber presentado un derecho de petición ante el organismo de control, con el fin de que fuera el mismo Ordóñez mismo quien lo contestara y ante la renuencia que, inisiste, se siguió produciendo, presentó una acción de tutela ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que e fue desfavorable en primera y segunda instancia. Para el Juez, el hecho de que el veedor de la entidad haya dado respuesta a sus requerimientos era suficiente.
Adicionalmente, dice que el Ministerio Público ha tenido la misma falta de diligencia para atender las denuncias relacionadas con el supuesto favorecimiento que habrían tenido los hijos del Presidente Uribe ante la compra de unos lotes ubicados dentro de un área que fue declarada como zona franca dentro del municipio.