El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, se apartó este martes de la advertencia del juez español, Baltasar Garzón, sobre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir en el país por la demora de la justicia en los casos de derechos humanos.
"Esperemos a ver la aplicación del procedimiento colombiano y los efectos en un tiempo razonable", dijo Mendoza quien recordó que "la propia Corte Penal Internacional a la fecha presente no tiene una sola sentencia condenatoria y ya lleva cinco años de estar vigente".
El juez español, al llamar la atención sobre la lentitud de la justicia colombiana para procesar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto armado colombiano, dijo que "no acaban de arrancar los juicios debido a la falta de coordinación y decisión jurídica y política".
Garzón reconoció, en un foro en Madrid, que "Colombia tiene una voluntad clara" de abrir los juicios y resarcir a las víctimas del conflicto, pero no acaba de iniciarlos y ante esta situación "la CPI tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente".
Si no es así la Corte "obviamente intervendrá", agregó.
Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, recordó que la CPI opera como una justicia "subsidiaria".
"Una intervención de la justicia internacional es partir de la base de que la justicia colombiana no opera y yo no creo que la justicia colombiana vaya a aceptar eso", puntualizó el ministro del gobierno del presidente Álvaro Uribe que termina el sábado próximo.
Garzón se refería a la aplicación en Colombia de una ley conocida como de Justicia y Paz que fue el marco jurídico para la desmovilización, principalmente, de paramilitares de extrema derecha, que les otorga beneficios jurídicos si confiesan todos los delitos y reparan a sus víctimas.