La Procuraduría General de la Nación denunció que cerca de 50.000 millones de pesos del patrimonio de la Nación podrían estar en riesgo si el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, continúa el proceso de concesión de la Transversal de las Américas en los actuales términos.
Se trata de una obra que pretende comunicar a Colombia con Centroamérica a través de vías terrestres, proceso que, en concepto del organismo de control, ha desatendido cruciales sugerencias para la defensa del erario público.
La Procuraduría había enviado una carta al gerente General del Inco, Julio César Arango, en la que advierte el riesgo al que queda expuesta la iniciativa, con el carácter opcional que la entidad le ha dado a la construcción del puente Cacarica, que atravesaría el parque natural de Los Catíos, en zona fronteriza con Panamá.
"El pliego de condiciones le asignó a dicho puente un valor de 50.000 millones de pesos, monto que debe reinvertirse en el proyecto de no efectuarse su construcción; el pliego sin embargo no determina con precisión en qué obras o rubros se debe efectuar la reinversión, indeterminación que pone en posible riesgo el patrimonio público", dice la comunicación.
Según el Ministerio Público, en el actual pliego no se cuantifican los riesgos eventuales que se puedan sufrir en desarrollo de la ejecución de la obra vial, lo que vulnera los principios de la Ley 1150 de 2007, en la que se fija la obligación de fijar su estimación, tipificación y asignación.
El organismo expresó sorpresa por el hecho de que el Inco le hubiera convocado a la audiencia de cierre del proceso, toda vez que la sugerencia emergida tras las labores de acompañamiento adelantadas desde el 12 de abril pasado era la de abstenerse de efectuar la concesión, ante las irregularidades que, a su juicio, enmarcaban el concurso.