No podía ser más crispado el ambiente entre la Corte Suprema y el presidente Uribe, a escasos dos días de finalizar su mandato. La investigación en contra de Tomás Uribe por su presunta injerencia en el carrusel de notarías para garantizar la reelección de su padre; la denuncia que instauró Uribe contra el magistrado Yesid Ramírez por prevaricato; los audios y las transcripciones del espionaje ilegal del DAS a la Sala Plena —reveladas por El Espectador y La FM—, y la citación a interrogatorio por el escándalo de las ‘chuzadas’ a cuatro miembros del sanedrín uribista, provocaron este miércoles un encendido cruce de reproches y señalamientos entre ambos poderes.
La Corte Constitucional calificó de oprobiosas las expresiones que lanzó el Jefe de Estado el jueves pasado en contra del magistrado Ramírez, por la investigación que se ordenó contra Tomás Uribe. “Yo les pido a algunos magistrados, como el doctor Yesid Ramírez, que no sigan acabando la justicia, suplantándola por el odio. Cuando el juez falla por el odio, prevarica. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesid Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia”, dijo entonces el Primer Mandatario.
El vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, exigió respeto por la majestad de la justicia, reiteró el respeto a la independencia de ésta y le pidió a Uribe que morigere su lenguaje. Entre tanto, la Sala Plena de la Corte Suprema rechazó las descalificaciones al magistrado Ramírez, añadió que la corporación cumplió su deber al remitir a la Fiscalía los indicios que relacionan al hijo del Presidente, que dicha decisión no fue exclusiva del magistrado Ramírez, sino de toda la Sala Penal, y que “contra las decisiones de los jueces proceden los recursos de ley, pero de ninguna manera la descalificación por parte de otros poderes públicos”.
Uribe no tardó en contestar. Primero criticó que la justicia le diera credibilidad a Yidis Medina —condenada ex congresista que ferió su voto para aprobar la reelección—, que también ha declarado en contra de Tomás Uribe. “(Es) una persona acostumbrada a mentir, como ha quedado en evidencia”, señaló a través de un comunicado y recordó que Medina tiene acusaciones por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento público, y que espera “que la administración de justicia no caiga en los engaños, que con intenciones desconocidas pueda generar o producir la pretendida testigo”. Medina ha refrendado la versión del ex superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute sobre los supuestos nombramientos de notarios como contraprestación de la reelección presidencial.
Tomás Uribe fue más incisivo: dijo que es el más interesado en aclarar estos hechos y que ya se puso a órdenes de la Fiscalía. “Hoy mi padre denunció al juez Yesid Ramírez por prevaricato. El mismo juez que manifiesta que mi padre es un asesino, es el que me investiga, sin tener competencia para ello”. Se refería Tomás Uribe a un extenso informe publicado el domingo pasado por este diario, en donde se develó que en mayo de 2008, en Sala Plena, el magistrado Yesid Ramírez dijo textualmente: “No tengo duda de que el Presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte” (ver facsímil).
Por eso, en su comunicado, el hijo del Presidente fue vehemente: “Respeto total a la justicia, pero rechazo al proceder del juez que prevarica”. En la mencionada Sala Plena de la Corte, que espió el DAS, según un informe de ese organismo en poder de la Fiscalía y El Espectador, otros magistrados refirieron que sus problemas de seguridad tenían nombre propio: la Casa de Nariño. La magistrada María del Rosario González les solicitó a sus colegas, entonces, “pedir ayuda al DAS” porque presentían que estaban siendo espiados. Una paradoja con lo que se conoce hoy.
El martes el presidente Uribe rechazó el contenido de las grabaciones espiadas por el DAS, pero soltó su pulla: “El Jefe de Estado considera de la mayor gravedad el contenido de esas supuestas infiltraciones, que de acuerdo con algunos medios de comunicación, se atribuyen a magistrados, comentarios impropios de su investidura, como señalar de asesino al Presidente”. El ministro del Interior, Fabio Valencia, le echó más leña al fuego y dijo que el Ejecutivo siempre ha sido respetuoso de la justicia y que con el mismo rasero debe investigarse el espionaje a la Corte como lo dicho por los magistrados en sus salas reservadas.
Entre tanto, la Fiscalía formalizó el jueves la citación a interrogatorio por este escándalo al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria; al secretario de comunicaciones de Palacio y designado embajador ante la Santa Sede, César Mauricio Velásquez; al viceministro y ex asesor Jorge Mario Eastman, y al secretario jurídico Edmundo del Castillo. En su orden deberán declarar los próximos 11, 12, 13 y 17 de agosto. Velásquez señaló estar presto a acudir a la diligencia “para tumbar tantas mentiras” y agregó: “Quién sabe qué delincuentes de esas mafias del DAS ejercieron esa función (‘chuzar’). Los funcionarios de Palacio irán tranquilamente a dar sus versiones de cara a la opinión”.
Los cuatro citados se vieron envueltos en dos episodios que, de acuerdo con algunas versiones de ex agentes del DAS, hoy en prisión, como el ex director de Inteligencia Fernando Tabares, buscaban desacreditar las labores de la Corte Suprema. En particular, en lo que tiene que ver con una investigación en contra del empresario huilense Ascencio Reyes Serrano, un sujeto muy bien relacionado y para algunos lobbista de las cortes, que resultó teniendo negocios con un narco pedido en extradición. El segundo escenario por el que serán interrogados en la Fiscalía Del Castillo, Gaviria y Velásquez, es la famosa reunión de abril de 2008 entre emisarios del ex paramilitar Don Berna y funcionarios de Palacio. El encuentro, supuestamente, era para denunciar presuntos excesos de la Corte.
Es tal el grado de tirantez entre el poder Ejecutivo y el Judicial que hasta la primera dama, Lina Moreno, siempre prudente, también salió al ruedo para defender a Tomás Uribe de la investigación que relaciona a la ex notaria de Tunja Luz Marina Campo como cuota política suya. “Creo en sus valores y creo en él”, manifestó. El Presidente el pasado jueves ya había advertido: “Mi hijo acudirá con toda la integridad a la Fiscalía. Quiero decir bajo la gravedad del juramento que estos hijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos o en decisiones del Estado”.
En medio del rifirrafe entre la Corte y el Gobierno un asunto sin resolver sigue preocupando a la opinión pública: el nombre del sucesor de Mario Iguarán, hasta hace un año Fiscal General. En 17 ocasiones la Sala Plena de la Corte votó por la terna de candidatos propuesta por la Casa de Nariño, pero jamás llegó a un consenso. Muchos atribuyen la no elección de Fiscal a los enfrentamientos que terminaron por ser una constante entre Palacio y Corte Suprema. Por eso, a dos días de que el mandato uribista expire, ya se comenta en círculos cercanos a Juan Manuel Santos que el paso a seguir es claro: cambiar inmediatamente la terna.
El nombre del ex magistrado de la Corte Suprema, Fernando Arboleda Ripoll, se escucha con insistencia como un fijo candidato en la próxima terna. También ha salido a relucir el nombre del ex procurador Carlos Gustavo Arrieta y hasta se habla de una asesora del Ministerio de Defensa, muy cercana a Santos, quien se convertiría en la cuota femenina. Para que eso pueda ocurrir, la terna del presidente Uribe debe renunciar a su aspiración y algunos dudan que todos lo hagan. Mientras la justicia avanza en las pesquisas del burdo espionaje desplegado por el DAS, el electo jefe de Estado, Juan Manuel Santos, busca puentes de conciliación. El próximo lunes 9 de agosto, a las ocho de la mañana, ya se concertó una reunión entre él y los presidentes de las altas cortes. La cita será en la Casa de Nariño.