Inmediato cumplimiento a la decisión de tutela que confirmó la destitución de Juan Carlso Abadía Campo de la Gobernación del Valle exigió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Así lo manifestó la presidenta el organismo, Julia Emma Garzón de Gómez, quien precisó que una vez aceptada la ponencia de la magistrada María Mercedes López la decisión sancionatoria de la Procuraduría entraba en vigencia.
Agregó que la única manera de detener el efecto de la determinación es acudir a una demanda nulidad de ese acto administrativo y que la decisión del Gobierno Nacional de nombrar a un sucesor en está cobijada con plena legalidad, contrario al dicho del propio Abadía Campo.
El ex funcionario alegaba la invalidez de ese nombramiento y presentó la acción ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que busca seguir permaneciendo al frente de la administración departamental, pese a que la Sala Disciplinaria de la Judicatura insiste en que debe abandonar el cargo.
La Procuraduría había destituido e inhabilitado por espacio de diez años en el ejercicio de funciones públicas al dirigente, tras comprobar que participó indebidamente en política, a favor de los intereses del ex precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias.
Abadía interpuso una acción de tutela ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle que echó abajo la decisión sancionatoria de manera provisional, hasta que el Consejo Superior revocó la determinación, confirmando la validez del acto administrativo que derivó en su salida del cargo.