Entidades de salud, a practicar esterilizaciones gratuitamente

Costos de ligaduras de trompa y vasectomías deberán ser garantizadas por el Estado, tras aval de la Corte.

El Espectador
13 de agosto de 2010 - 05:39 p. m.

La práctica quirúrgica de métodos para evitar la procreación de manera permanente no tendrá ningún costo cuando el paciente así lo solicite, como lo avaló la Corte Constitucional al rechazar las objeciones formuladas por el Gobierno ante la Ley aprobada por el Congreso en ese sentido.

La Corporación consideró infundados los alegatos del Ejecutivo, que insistía en que el Legislativo había desatendido las advertencias hechas frente al negativo impacto que generaría en el Marco Fiscal de Mediano Plazo un gasto de esta naturaleza.

Sin embrago, la Corte sostuvo que "se incluyó un estimado de población que estaría interesada en utilizar estos servicios, así como en el caso de las personas no afiliadas a ningún sistema de seguridad social, los procedimientos quirúrgicos de anticoncepción cuyo uso pretende promover esta ley, deberían ser financiados con recursos del Sistema General de Participaciones administrados por las entidades territoriales".

Añadió que si bien el Gobierno puso sobre la mesa la dificultad para asumir una carga Fiscal de esas proporciones, que tazaba inicialmente en unos 400.000 millones de pesos, estaba en pena libertad el Congreso para acoger o no las observaciones.

Para la Corte, si los legisladores no adoptaron mayoritariamente la posición del equipo económico del Ejecutivo fue porque sus argumentos no les parecieron lo suficientemente convincentes, y de ahí que hayan continuado tramitando el proyecto hasta lograr su aprobación.

"No es un requisito de trámite que le corresponda cumplir exclusivamente al Congreso, pues de ser así configuraría una barrera para ejercer su función legislativa y concederle al Ministerio de Hacienda una especie de poder de veto sobre los proyectos de ley", sostuvo la Corte.

En consecuencia, el Proyecto de Ley 50 de 2007 Senado y 329 de 2008 Cámara deberá pasar a sanción presidencial, toda vez que la Corporación terminó ratificando su exequibilidad.

 

 

Por El Espectador

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