El Centro para los Derechos Reproductivos de Nueva York cuestionó el destino de los recursos que Estados Unidos entrega a la Procuraduría General de la Nación. Así lo dio a conocer la organización Women’s Link Worldwide a través de su directora de programas, Mónica Roa, al señalar que para esa organización internacional es evidente que el Ministerio Público, en cabeza del actual procurador Alejandro Ordóñez, está socavando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.
En carta dirigida en abril pasado a la secretaria de Estado de EE.UU, Hilary Clinton, el Centro para los Derechos Reproductivos sostiene que es preocupante que los recursos que llegan a los US$2,9 millones se le entreguen a una entidad cuya cabeza visible “está adoptando medidas que socavan cada vez más los recién adquiridos derechos de las mujeres en el país”.
Por ejemplo, aunque la Corte Constitucional declaró en 2006 que el aborto es legal en casos excepcionales, Ordóñez se ha opuesto en reiteradas ocasiones a esa normatividad, alegando por ejemplo objeción de conciencia. Incluso, recientemente la Corte reiteró la obligatoriedad de una cátedra sobre derechos sexuales y reproductivos para jóvenes, a la que también se ha opuesto el procurador general.