Llegó un día cualquiera a su vereda. Comenzó, con machete en mano, a limpiar la manigua que se había apoderado de su lote en Pradera, Valle. De pronto apareció un muerto. Por precaución y por fe, el hombre no pudo seguir desmontando. Corrió al pueblo. Llamó al cura. Juntos regresaron, le dieron al cadáver cristiana sepultura y de paso el padre bendijo la parcela tanto tiempo abandonada. El hombre continuó el trabajo, pero apareció otro muerto. Y otro muerto. Y otro muerto. Habían convertido el terreno en un cementerio de la guerra que lo desplazó. No había bendiciones suficientes que pudieran revertir la maldición; se fue de nuevo.
A Myriam Hernández le contaron esta historia, cuando por ese entonces dirigía el naciente proyecto de protección de tierras de la Red de Solidaridad Social, y en 2004 comenzaba el difícil ejercicio de intentar proteger en unos pocos municipios las tierras abandonadas por los desplazados. Era una tarea descomunal que había comenzado tarde. Diez años antes, Francis Deng, enviado especial del secretario general de la ONU, había venido a Colombia y señalado que de manera imperceptible miles de personas estaban saliendo de sus tierras, dejándolas desprotegidas, por cuenta de la guerra.
Pasaron tres años para que su llamado de atención tuviera eco, con la aprobación de la Ley 387 de 1997, que reconocía los derechos de los desplazados y otros cuatro, para que el Decreto 2007 de 2001 estableciera los mecanismos para proteger a miles de desplazados.
Para ese entonces, la avanzada de los grupos armados por las tierras de Colombia había forzado sistemáticamente a muchos campesinos a vender sus tierras a precio de baratija. Cientos de hectáreas fueron además abandonadas y lentamente anexadas a grandes extensiones aledañas, que luego se llenaban con ganado o palma. Quienes hacían sonar las alarmas por este proyecto macabro eran llamados “conspiretas”, reflexiona Michael Reed, director para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. “Hoy el país dolorosamente se está enfrentando con que en efecto a los campesinos se les desplazó —en el Chocó, en Montes de María, en el oriente antioqueño— para apoderarse de las tierras que eran buenas para ciertos productos”.
Mientras que en 2003 el gobierno comenzaba las negociaciones con los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito, a Myriam Hernández y a otros funcionarios miembros de la naciente Red Interinstitucional de Protección de Tierras les dieron la tarea de localizar y proteger los predios dejados atrás por los campesinos.
“Nos encontramos con nada”, reconoce Hernández. Hasta ese momento, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) debía llevar el registro de las propiedades abandonadas, para así bloquear cualquier posibilidad de que fueran transadas. Para su sorpresa, el Incora —que hacía parte del equipo— reconoció que “no sabía cómo hacerlo”. Habían pasado los años más salvajes de violencia de las Autodefensas Unidas de Colombia y la institución, con excepción de un par de “casitos”, no tenía idea sobre la dimensión del despojo.
Para colmo, un 31% de los campesinos desplazados, como encontró la investigadora Ana María Ibáñez —hoy directora del Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes—, no contaba con la titulación formal de las tierras de las que fueron expulsados. Las servilletas con las que los campesinos ocasionalmente daban cuenta de la titularidad de sus predios, eran tristes ejemplos de cómo la informalidad de la tenencia había ayudado a legitimar el despojo.
Los actores armados, además, habían penetrado notarías, oficinas de registros públicos y regionales del Incora, para acabar con sus registros. Se sabe que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Auc, quemó 20.000 folios de las notarías de Valledupar. En otras zonas, como en Sincelejo, se amenazó e incluso asesinó a funcionarios.
Una decisión del gobierno terminó de complicar los primeros meses de tarea para aquellos que querían descifrar la realidad del despojo. En 2003, el presidente Uribe decretó la liquidación del Incora y la transferencia de sus funciones al Incoder. La decisión implicó el envío de los títulos de los campesinos, almacenados en cientos de cajas, que literalmente se perdieron en el trasteo.
La desprolija manera con la que se cerró el Incora, sumada al enfoque que se le dio al Incoder, produjo fuertes críticas por parte de la Procuraduría de Edgardo Maya, que en 2008 aseguró en un informe rendido a la Corte Constitucional que con la creación del Incoder subyacía “el mensaje de la invisibilización del drama del desplazamiento”, pues en el decreto de su creación (1300 de 2003) “no se mencionó a la población desplazada por la violencia, ni se estableció de manera concreta la función relativa a la protección de las tierras de los desplazados”.
Cambiar el estado de cosas
En 2004, ante tremendo escenario, la Corte Constitucional declaró “el estado de cosas inconstitucional” en materia de derechos para la población desplazada y le ordenó al gobierno garantizarlos, incluyendo el de la reparación y la restitución de su tierra.
Han pasado seis años desde la aparición de esa sentencia. Sin embargo, el balance es agridulce. Luego de años de esfuerzos por superar la falta de voluntad política que impidió la protección efectiva de la tierra, Acción Social asegura haber identificado, en su programa de protección de tierras, 3’771.748 hectáreas que han sido abandonadas durante estos años de conflicto.
Sin embargo, de la identificación de los terrenos a la restitución efectiva hay un abismo. En muchos casos, la información es tan precaria que no es posible ponerles el candado a los predios para que no sean transados. A esto se suma un subregistro en el número de tierras abandonadas y usurpadas, que la Procuraduría calcula en un 30% y que podría implicar que el número de hectáreas despojadas o abandonadas durante la guerra sean 5,5 millones, más o menos un 11% de la superficie agraria de este país, según la Comisión Nacional para el Seguimiento a la Política para la Población Desplazada, organismo ciudadano creado en 2007 a petición de la Corte Constitucional.
¿Qué pasó con toda esta tierra? “Parte de ellas han sido repobladas por campesinos pobres, otras están abandonadas o se encuentran en manos de testaferros, élites regionales y grupos armados ilegales”, asegura Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación.
¿Cuánta de esta tierra se ha devuelto a sus poseedores? Cantidades insignificantes. Según Bernal, la Comisión Nacional de Reparación ha adelantado tres proyectos piloto en Turbo (Urabá), Chengue (Sucre) y Mampuján (Bolívar). “En el caso de Urabá se han realizado 149 restituciones, que corresponden a 4.000 hectáreas. En Córdoba y Sucre se han realizado 108 restituciones, que corresponden a más de 1.500 hectáreas”. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Reparación, creado por la Ley de Justicia y Paz en 1995 para devolver los bienes entregados por los desmovilizados, ha restituido 17.000 hectáreas. Esto equivale al 3,3% de la tierra usurpada o abandonada, según los cálculos del despojo de la Comisión de Seguimiento.
Adicionalmente, la lógica dictaría que la tierra de los narcos debería volver a manos de los campesinos. Pero de las dos millones de hectáreas que se incautó la Dirección Nacional de Estupefacientes, tres cuartas partes ya han sido devueltas a sus titulares pues no pasan el complejo test del proceso de extinción de dominio. El resto están en procesos aún en curso y sólo 80 mil hectáreas han sido extinguidas y están realmente disponibles para ser restituidas.
Los planes del gobierno entrante
Hay una idea recurrente entre todos los que han tenido que ver con el problema de la guerra y la tierra en Colombia: “la falta de voluntad política” de los últimos gobiernos. Para algunos, el proceso de negociación con los grupos paramilitares implicó que la administración Uribe viera limitada su determinación para desmontar la “contrarreforma agraria” promovida por las autodefensas y los narcos. Para otros, fue también un problema de principios: “el gobierno estaba bajo un supuesto que no es válido, que los agricultores grandes son más eficientes que los agricultores pequeños. Así que además de un tema político había detrás una racionalidad económica que era la que se le oía al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias: que hay que darles los terrenos a los grandes porque ellos son los productivos y volver a los pequeños, campesinos y jornaleros”, opina Ana María Ibáñez, de la Universidad de los Andes.
Sin embargo, estas últimas semanas se respira un aire distinto. La llegada al Ministerio de Agricultura de Juan Camilo Restrepo, con la solicitud expresa del presidente Juan Manuel Santos de priorizar el tema de devolución de tierras, tiene a muchos con las expectativas en un récord histórico. “El Ministro quiere implementar una política de desarrollo rural que favorezca a la base campesina y de pequeños propietarios, porque creemos que su potencial como generador de empleo y aumento del producto es mucho más grande que la otra alternativa, que es subsidiar a los grandes empresarios y productores”, explica Alejandro Reyes, asesor del ministro Restrepo y uno de los hombres que más y mejor han investigado sobre el conflicto agrario en Colombia.
Reyes ha trabajado intensamente con el ministro Restrepo para presentar, en menos de 15 días, una reforma administrativa y legal para comenzar un proceso de restitución de tierras, que comenzará por un grupo de áreas prioritarias de despojo (ver páginas 6). Adicionalmente, en menos de 15 días se presentará un proyecto de Ley de Restitución de Tierras, que “definirá procesos judiciales de justicia transicional, expeditos y rápidos”, explica Reyes (ver páginas 8 y 9).
Setenta y cuatro años después de la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo, el nuevo gobierno parece contar con un entorno inédito para corregir las deficiencias del pasado. Soplan vientos frescos, pero mucho falta para determinar si esta historia dejará de ser, como escribe Donny Meertens en su columna en este especial, un relato mil veces contado.