El Gobierno Nacional, a través de un comunicado de prensa leído por el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo este martes que acata y respeta la decisión de la Corte Constitucional en relación al 'Acuerdo de Cooperación en Defensa y Seguridad' suscrito con los Estados Unidos en octubre del año pasado.
La Corte Constitucional declaró, horas antes al anuncio del Gobierno, que dicho acuerdo era inconstitucional y que debía hacer trámite en el Congreso de la República para lograr la respectiva aprobación.
Rivera dijo que el Gobierno acata la decisión, pero que estudiará dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional.
Reiteró la importancia del apoyo que sostiene actualmente Estados Unidos con Colombia en materia de seguridad, defensa y en la lucha contra el narcotráfico, y aclaró además que el no haber aprobado el reciente acuerdo militar con la nación norteamericana no afecta los previamente suscritos, los cuales de hecho se han venido cumpliendo sin imprevisto alguno.
El "Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad", como se denomina el controvertido convenio y que abrió siete bases del país andino a tropas y contratistas de Estados Unidos, quedó así sin efecto, por ahora, diez meses después de su firma en Bogotá.
El documento fue rubricado el 30 de octubre de 2009 por el entonces ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield.
Ambos lo firmaron en medio de un ambiente regional caldeado por la postura en contra de varios Gobiernos y la férrea defensa de Colombia, cuyo jefe de Estado de entonces, Álvaro Uribe, buscó disipar los temores mediante una maratoniana gira.
Las primeras versiones sobre el acuerdo en trance se conocieron a mediados de 2009, cuando Washington preparaba el desalojo de la base de Manta, en Ecuador, por la decisión del presidente de este país, Rafael Correa, de no prorrogar el contrato de 1999 que le permitía operar desde allí.
En un discurso ante el Congreso, Uribe sostuvo el 20 de julio del año pasado que la iniciativa que venía negociando su Gobierno era "para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas".
Uribe garantizó que dicho convenio sería "regido por principios como la igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros Estados".