Las corridas de toros serán sometidas a su último examen ante la Corte Constitucional, luego de la demanda interpuesta a la Ley de Protección Animal que busca que se establezca una prohibición para la práctica de espectáculos públicos que acarreen padecimientos físicos para cualquier animal.
Los accionantes buscan que las llamadas corralejas, las peleas de gallos y la fiesta brava sean incluidas en la Ley 84 de 1989, que estipula el Estatuto Nacional de Protección Animal.
En 2009, luego de que la Corte se abstuviera de estudiar el tema de fondo por inconsistencias en la presentación de la demanda, ambientalistas y defensores de animales interpusieron una nueva acción, que no pasó el primero de sus exámenes, tras la ponencia negativa que presentó el sustanciador ante la Sala Plena.
Luego de más de un mes de conocida la naturaleza de la postura expresada por el magistrado ponente, favorable a la realización de corridas de toros y otras prácticas similares, los nueve integrantes de la colegiatura definirán si avalan o no la postura.
El sustanciador coincidió con la postura del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien pidió que se ratificara la exequibilidad de la norma, a favor de los intereses de los amantes de la tauromaquia, por considerar que se trataba de celebraciones arraigadas en la cultura de los pueblos.