El desplazamiento ha crecido en más del 300 por ciento desde que la Corte declaró el carácter de inconstitucionalidad de la atención que el Gobierno Nacional debe prestar a ese tipo de población, dijo el magistrado Luis Ernesto Vargas.
Dice que desde la emisión de la sentencia T-025 de 2004, que evidencia el incumplimiento de los compromisos en la materia, ese fenómeno ha generado el desplazamiento de unas tres millones de personas más.
Agregó que aunque el Gobierno ha avanzado en algunos aspectos, el objetivo de revertir el drama de esa población ha venido cumpliéndose muy lentamente, y de ahí la necesidad de redoblar los esfuerzos.
Admitió que se ha evidenciado relación entre los desplazamiento y la generación de macro proyectos productivos en algunas regiones, pues no se ha consultado a las comunidades para adelantarlos.
Vargas Silva indicó que el Gobierno tiene la responsabilidad de vigilar que esas firmas consulten a la población para evitar mayores dramas.