El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, del solicitó a los jueces de la República que tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal del Estado, antes de emitir fallos que impliquen pagos billonarios que pongan impliquen la búsqueda de nuevos recursos.

El alto funcionario señaló que hay determinaciones que, eventualmente,  requerirían de sucesivas reformas tributarias, toda vez que los recursos existentes y los mecanismos con los que actualmente se cuenta para hacerse a ellos, en ocasiones, resultan insuficientes.

Añadió que la lógica eminentemente jurídica con la que se pronuncian, la mayoría de las veces, va en contravía a la lógica economicista con la que las instituciones encargadas del manejo de las finanzas del Estado tienen que operar, y de ahí el llamado a que haya una convergencia.

Echeverry señaló que hay enfoques que resultan siendo contradictorios en relación con los compromisos que debe asumir el Estado, por ejemplo, frente al amparo que debe ofrecer a un grupo vulnerable como el de  los desplazados y otro como el de los reinsertados, que deben tener protección en la mismo proporción, pero que a los ojos de la justicia tienen tratos diferenciales. El jefe de la cartera de las finanzas públicas advirtió que atender las necesidades de los desplazados puede costar una cifra cercana a los 30 billones de pesos, cerca a 9% del PIB (producto interno bruto).

Señaló que a uno como a otro debe garantizarle una serie de derechos, pero el hecho de que los jueces hagan prevalecer las garantías de los desplazados, por ejemplo, puede llevar a que el Estado termine violando principios de equidad e, incluso, que uno de los grupos se "mimetice" en el otro buscando preferencias.

El jefe de la cartera económica precisó que situaciones como esa se repiten constantemente en el sistema de salud, donde los pertenecientes al régimen subsidiado se desplazan hacia el contributivo, teniendo en cuenta los mayores beneficios que ofrece éste último.