Tras las actuaciones de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia se declaró el Consejo Superior de la Judicatura, luego de que su Sala Disciplinaria anunciara el inicio de una evaluación a las gestiones de los encargados de cada despacho.

La Sala manifestó que la actuación está relacionada con las recientes declaraciones del jefe encargado del ente acusador, Guillermo Mendoza Diago, quien exigió la renuncia de los 11 funcionarios delegados ante la alta corporación.

La solicitud de la iniciación de esta actuación fue elevada por el actual vicepresidente del Consejo Superior, Ovidio Claros, quien dirigió una comunicación a la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, que preside la Sala Disciplnaria, para que dé trámite a la evaluación de gestión de los funcionarios, por el supuesto represamiento de procesos que enmarcan sus despachos.

El caso más polémico es el relacionado con la fiscal Ángela María Buitrago, quien lideraba la investigación por el holocausto del Palacio de Justicia y fue relevada inicialmente de la actuación que se adelantaba por el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.

Pese a que la funcionaria permanecería dirigiendo el proceso por los desaparecidos, por determinación de Mendoza Diago, ésta presentó su renuncia formal, que fue aceptada por el jefe encargado de la entidad.