Este miércoles el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, encabezará otro consejo de seguridad con las autoridades locales y realizará una visita a la Casa de Justicia donde funciona el Centro Integrado de la Intervención de la Comuna 13 de Medellín.
En la visita, Santos examinará la situación que vive ese sector para determinar los alcances de la nueva Política de Criminalidad para las ciudades, con la que se pretende hacer frente a los desafíos que impone la delincuencia común y organizada en los principales centros urbanos.
En la comuna 13 hace presencia un Escuadrón Móvil Antidisturbios, 140 hombres de Control Urbano que realizan patrullajes y un equipo de investigadores de Policía Judicial ejecuta el control y búsqueda de antecedentes en las principales comunas de la capital antioqueña.
Así mismo, cerca de 800 uniformados trabajando como gestores de convivencia para que la ciudadanía cuente con un apoyo integral y así combatir desde su inicio el fenómeno de la delincuencia.
Según la Policía, los uniformados realizan allanamientos a los expendios de droga y se trabaja en la erradicación de la extorsión y control de los casinos.
El Ministro de Defensa ha señalado que en los próximos días se presentará un proyecto de ley donde el Gobierno y la Fiscalía plantean algunas modificaciones al Código de Procedimiento Penal para que los jueces y fiscales puedan judicializar a criminales sin temor a que recobren su libertad.
"Vamos a tener una política integral, una política que pueda enfrentar este problema desde todas las perspectivas y que nos permita responder a la mutación que ha tenido la criminalidad en Colombia", señaló Rivera.
Si bien la violencia en Medellín se venía registrando meses atrás, en las últimas semanas se ha agudizado en las comunas, los barrios más deprimidos ubicados en las laderas que rodean el centro de la ciudad.
A 31 de julio, 2.266 personas habían abandonado sus hogares acosados por la violencia, mientras que los asesinatos ascendían a 1.250, sin contar los registrados en agosto, según el personero de Medellín, Jairo Herrán, cuya misión es velar por los derechos humanos en esta ciudad.