La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la Fiscalía que garantice el debido proceso de ley en el caso del ex periodista colombiano que trabajó en la cadena Telesur William Parra, a quien se le acusa de tener vínculos con las FARC.
A Parra, exiliado en Venezuela, se le imputan los delitos de rebelión, concierto para delinquir y financiación de actividades terroristas, indicó la SIP en un comunicado.
La Fiscalía emitió el pasado lunes en Bogotá orden de captura contra Parra, acusado de tener vínculos con la guerrilla de las Farc.
Las acusaciones fueron presentadas después de que el nombre de Parra apareciera en la computadora del fallecido jefe guerrillero Raúl Reyes, asesinado en 2008 en suelo ecuatoriano por un comando del Ejército.
Los mensajes encontrados en el ordenador de Reyes "presuntamente vinculan al periodista en la negociación de armas para las Farc", señaló la SIP en un comunicado.
"Seguiremos atentamente el desarrollo este caso, con la confianza de que se seguirá y respetará el debido proceso de ley y que se llegue al esclarecimiento de la verdad", dijo el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre.
Parra expresó en un comunicado su inocencia y se quejó de no haber recibido un proceso justo.
El periodista explicó que, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas a la Fiscalía, no ha podido tener acceso a las supuestas pruebas que obran en su contra y agregó que exigirá respeto a su debido proceso y derecho a la defensa, que, según dijo, "le han sido vulnerados por la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía".
Por otra parte, el periodista Luis Carlos Cervantes, corresponsal de Teleantioquia Noticias, en el municipio de Tarazá (Antioquia), ha sido víctima de constantes amenazas desde el pasado 30 de agosto.
El pasado viernes, Cervantes fue advertido de que debía abandonar su municipio en un plazo de 72 horas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, condenó las amenazas y dijo que éstas "impiden el libre ejercicio del oficio", al tiempo que hizo un llamado a las autoridades judiciales y de Policía "para que le brinden la protección necesaria".