La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Esatdo colombiano garantizar la protección a la vida del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas.
Ordenó la imposición de medidas cautelares, ante la existencia de latentes amenazas contra su vida y los hostigamientos de los que vienen siendo blanco los integrantes del organismo.
De la misma manera, le solicitó las autoridades que "informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelraes".
Ramírez Bastidas había sido víctima de persecusiones irregulares de parte de integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, cuando llegó a presidir la Corte en 2007, en la marco de lo que la Fiscalía calificó como un plan concertado para desprestigiar a la Corporación.
Luego de la visita de integrantes de la Corte Suprema a Neiva, Huila, el magistrado y varios de sus compañeros empezaron a estar en la mira del DAS, por la supuesta cercanía de algunos de ellos con el presunto lobista de narcotraficantes Asencio Reyes.
Pese a que información relacionada con el tema fue filtrada a algunos periodistas, más tarde la Fiscalía estableció que de lo que se trataba era de buscar la manera de desprestigiar a los integrantes de las altas cortes.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes había absuelto de toda responsabilidad penal al magistrado Ramírez, al considerar infundadas las acusaciones en su contra; sin embrago, el ex presidente Álvaro Uribe lo denunció nuevamente ante la célula legislativa, tras haber compulsado copias a la Fiscalía para que investigara la presunta conducta antijurídica de su hijo Tomás en el escándalo de las notarías.