Piden reabrir investigación por violación contra el padre Efraín Rozo

La acción penal en su contra por acceso carnal en contra de varios menores prescribió por vencimiento de términos.

Ante la Fiscalía General de la Nación se elevará una solicitud para que se reabra la investigación en contra del sacerdote Efraín Rozo, a quien se le endilga la responsabilidad de cerca de 50 casos de pederastia de los que fue blanca la Iglesia.

Se trata de un clérigo que hizo parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y que al parecer, accedió carnalmente a varios niños durante los años setenta, hechos que sólo fueron denunciados 40 años después de ocurridos, y da ahí la imposibilidad de la continuación de la acción penal.

Incluso, medios de comunicación han presentado un video en el que, se dice, aparece el sacerdote confesando su autoría en los crímenes.

Sin embargo, el abogado bogotano Augusto Ocampo hará uso de la tipificación del cargo como un delito de lesa humanidad que, como tal, no es objeto de prescripción alguna en términos jurídicos, lo que lo llevó a elevar la solicitud a la Fiscalía General de la Nación, para que reabra la investigación en contra del sacerdote Rozo.

El jurista tomó como antecedente jurisprudencial la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de declarar la imprescriptibilidad de la actuación penal en contra de los guerrilleros del M-19 por el holocausto del Palacio de Justicia.

Argumentó que si la Fiscalía se empeña en mantener cerrada la investigación, omitiendo principios resaltados por los convenios e Ginebra, Suiza, de los cuales Colombia es firmante, el órgano acusador podría originar la actuación de la Corte Penal Internacional.

Un antecedente del que se tenga conocimiento tuvo lugar en Argentina, donde el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a 11 años de prisión al ex espía del Ejército gaucho durante la dictadura Horacio Américo Barcos, por ejercer violencia sexual sobre Amalia Ricotti en uno de los centros de tortura que utilizaban los militares en los años 70, en lo que fue declarado como delito de lesa humanidad.

"Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (...) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", concluyó el despacho santafecino.