Por su supuesta responsabilidad en el escándalo del carrusel de contratación de obras públicas en Bogotá, la demanda de pérdida de investidura contra el senador Iván Moreno Rojas agotó su primera etapa, luego de que la Red de Veedurías radicara formalmente la acción ante el Consejo de Estado este jueves.
Pablo Bustos, vocero de la Red, considera que está suficientemente demostrado el conflicto de intereses en el que incurrió el dirigente, al servirse de su investidura para protagonizar las irregularidades que derivaron en los presuntos ofrecimientos de dádivas a los licitantes de cada concurso para concederles los contratos de ejecución de las diferentes obras viales relacionadas con la Fase Tres de Transmilenio.
Si el Consejo de Estado, como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativa accede a las pretensiones del demandante, Moreno Rojas quedaría inhabilitado de por vida para presentarse a concurso para ocupar cargos de elección popular.
Según las denuncias públicas que han hecho algunos de los contratistas, existía un aparente cartel dedicado a exigir una participación de al menos el 6 % del valor de los contratos a cambio de garantizar su concesión.
El parlamentario del Polo Democrático Alternativo, a través de su abogada defensora interpuso varias denuncias por calumnia en contra de varios de sus denunciantes, como el senador Luis Carlos Avellaneda, el ex candidato presidencial Gustavo Petro y los contratistas que adujeron la participación de Moreno dentro de la supuesta plataforma de corrupción.
El legislador también enfrenta dos investigadciones preliminares de carácter penal ante la Corte Suprema de Justicia, relacionada con los mismos hechos que a lo largo de la semana vieron desfilar ante la Sala Penal a Petro y a los concejales Carlos Vicente de Roux y Carlos Fernando Galán; también se espera que ofrezcan sus testimonios el senador Luis Carlos Avellaneda y los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule.
La primera de las acciones en contra de Iván Moreno da cuenta de una supuesta compra de votos en su favor por parte del empresario Emilio Tapias, a quien se señala como uno de los supuestos beneficiarios de la contratación, en tanto que la segunda es un proceso que por iniciativa propia abrió la Corte, luego de las explosivas declaraciones de los dirigentes del Polo y de los mismos contratistas, señalando la supuesta responsabilidad del hermano del Alcalde de Bogotá en las concesiones.