Ad portas de la definición de su futuro en el escándalo de la Yidispolítica se encuentra el ex ministro de la Protección Social Diego Palacio Betancourt, luego de que la Fiscalía General de la Nación culminara la investigación previa que adelantaba por el supuesto ofrecimiento de dádivas a cambio del favorecimiento a la reelección presidencial.
Así mismo, deberá determinar si hay mérito para abrir investigación formal en contra del ex secretario General de Presidencia Bernardo Moreno y el ex viceministro del Interior Hernando Angarita, supuestamente vinculados a la entrega de notarías y otros ofrecimientos en favor del proyecto.
Por los mismos hechos, la Fiscalía ya llamó a juicio al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, quien además fue destituido e inhabilitado en el ejercicio de funciones públicas a lo largo de 12 años, por determinación de la Procuraduría General de la Nación.
Aparentemente, estos funcionarios del Gobierno Uribe estuvieron involucrados en una supuesta plataforma criminal que ofrecía dádivas a algunos congresistas y otros servidores, con el fin de que éstos favorecieran la reelección presidencial, aprobada por el Legislativo en junio de 2004.
Tras ser considerados como beneficiarios de la irregular asignación, ya fueron condenados los ex congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, quienes recibieron tales prebendas por haber respaldado el proyecto de acto legislativo que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
En las mismas circunstancias fue sentenciado el ex senador conservador Alirio Villamizar, mencionado por el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, como adjudicatario del carrusel de Notarías que habrían sido puestas al servicio del proyecto y que derivó en la petición de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se investigara si Tomás Uribe hijo del ex primer mandatario de los colombianos, tuvo parte en tales ilícitos.