Deisy Jaramillo, Fiscal asignada a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que se revoque el acto administrativo a través del cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, entregó 36 predios a cuatro personas que, al parecer, hacían las veces de testaferros del ex comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Según la funcionaria asignada al caso, las tierras pertenecían a campesinos que fueron despojados de sus tierras de manera violenta y en 2003 fueron tituladas por el Incoder a favor supuestos intermediarios del desmovilizado.
Para la Fiscal Jaramillo, las tierras que se ubican en Chivolo, Magdalena, deben ser sometidas a un proceso de extinción de dominio y luego ser devueltas a los propietarios originales.
El ente acusador ya había hecho la misma solicitud a magistrados de la Unidad Nacional de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, pero ese Tribunal remitió la competencia a la Sala Penal de la Corte.
En el lugar donde su ubican las tierras se celebró el denominado ‘Pacto de Chivolo’, donde el Bloque Norte de Las Autodefensas estableció un acuerdo programático con 400 de las personalidades más destacadas del Caribe y algunas otras regiones que integraban los sectores más influyentes de la clase dirigente, ganaderos, agricultores y otros empresarios.