Que se diseñe una herramienta específica para agilizar el proceso de reparación de las víctimas del paramilitarismo, solicitó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.
La Corporación encontró que son numerosos y cada vez más frecuentes los obstáculos para hacer efectiva la entrega de tierras y otras propiedades a las víctimas de los grupos de Autodefensa, lo que la llevó a poner en cuestión la verdadera voluntad de algunos desmovilizados de resarcir el mal causado a la sociedad.
La Sala “encuentra plausible que el Gobierno Nacional en asocio con el honorable Congreso de la República, diseñe un modo específico que facilite la devolución de bienes, que examine la viabilidad de autorizar la venta de bienes o la transferencia a entidades oficiales como el Fondo de Reparación, bajo una tutoría técnica, especial, seria, confiable, y que se reporte el producto efectivo de la comercialización al Fondo”.
El fallo, con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, documenta cómo los bienes de algunos desmovilizados han venido siendo sometidos a estrategias de diversa índole, con el fin de evitar que las autoridades dispongan de ellos para cumplir con el principal de los postulados de la Ley de Justicia y Paz, cual es que los ex paramilitares reparen materialmente a sus víctimas.
La misma Corte había conceptuado el pasado 16 de septiembre que la necesidad de atender prontamente a desplazados y otras víctimas de los grupos armados ilegales hacía imperioso flexibilizar los procesos de entrega de tierras a los afectados por la violencia, para que las reparaciones se fueran dando antes de que se les dictara sentencia y no esperar a que terminaran versiones que, como la de Ramón Isaza, se ha extendido por más de dos años.
Según la Sala Penal, hay propiedades que son reportadas como pertenecientes al postulado cuando en realidad hay reclamantes con derechos ya adquiridos sobre ésta; otras terminan generando cargas presupuestales adicionales para la administración pública, pues requieren de gastos de manutención para evitar su deterioro, y de ahí que la Corporación insista en mecanismos ágiles que incluso permitan la comercialización de los bienes, en aras de aprovechar sus réditos al máximo a favor de los victimizados.
El alto tribunal también señala que cuando los desmovilizados ponen de presente el tipo de bienes de los cuales disponen para cumplir con su compromiso de resarcir a los más afectados por su otrora actuación criminal cabe preguntarse si en realidad es su voluntad el reparar a los violentados o si, por el contrario, busca es dilatar el proceso penal que se adelanta en su contra, en cuyo caso deberá ser excluido de cualquier beneficio.
“Cuando no hay lealtad en el marco del acuerdo humanitario (Justicia y Paz), lo propio es tramitar la exclusión del desmovilizado del programa de justicia transicional y la entrega del caso a la justicia ordinaria, porque se revela que la intención defensiva del desmovilizado es alcanzar la impunidad” dice el fallo en el que el magistrado Gómez Quintero hace las veces de sustanciador.
Así se pronunció la Corte al rechazar la solicitud de la defensa del ex comandante 'para' Ramón Isaza de abstenerse de extinguir el dominio sobre una de sus propiedades que, dice, fue adquirida antes de que ingresara a los grupos paramilitares, por cuanto considera que su procedencia es lícita.
El ex líder de las Autodefensas del Magdalena Medio adujo que el bien en cuestión, que se ubica en Puerto Triunfo, Antioquia, fue adquirido en 1995, cuando aún no había incursionado en actividades ilegales.