En la cárcel terminarán el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar y tres exfuncionarios más de la cartera vinculados al escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS, luego de que el juez 33 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá hubiera avalado la solicitud elevada en ese sentido por el fiscal Martín Moreno.

La media también cobija a la directora de comercio y financiamiento Camilia Reyes del Toro, y los  ex jefes de la oficina jurídica Tulia Eugenia Méndez y Óskar Shroeder, presuntos copartícipes del detrimento patrimonial de unos 302.000 millones de pesos causado a la Nación  con el presunto desvío de los recursos, que habrían terminado en las manos de agricultores y empresarios acaudalados y no de los más necesitados, como se buscaba.

En su momento, el representante del ente acusador sostuvo que Juan Camilo Salazar no podía ejercer una posición imparcial frente a la celebración del convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, toda vez que hasta un día antes de su posesión como viceministro de Agricultura hizo las veces de contratista de esa entidad; de ahí que se le imputaran cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Aparentemente, él y su exasesor jurídico Óskar Shroeder son responsables de que particulares se hayan hecho al control de unos 241.000 millones de pesos de la Nación asignados a esta plataforma; este último exfuncionario también fue objeto de imputación por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. 

En su condición de exdirectora financiera y de comercio de Minagricultura, a Camila Reyes del Toro se le endilgan los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ya que intervino en la etapa precontractual y no previno las irregularidades, que permitieron la apropiación de unos 47.000 millones de pesos provenientes del estado, por particulares.

En las mismas condiciones se habría causado el detrimento de 187.000 millones por la presunta actuación delictiva de la exjefe de la oficina jurídica Tulia Méndez, que deberá responder por los cargos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.