Después de un receso de una hora, el juez 28 de garantías de Bogotá resolvió la recusación interpuesa por la defensa del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas por el proceso que se le adelantaba por el ‘carrusel de las contrataciones’ y ratificó la medida de aseguramiento en su contra. 

En su decisión el funcionario judicial rechazó los argumentos presentados por la defensa del suspendido burgomaestre y aclaró que “se han dado todas las garantías procesales” a Moreno Rojas puesto que su abogado pudo intervenir por más de seis horas, duplicando el tiempo de la Fiscalía.

“Pese a esto, durante su intervención la defensa del suspendido alcalde no atacó los argumentos de la Fiscalía”, precisó el juez. 

Igualmente aclaró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en la que se mostraron diversas intervenciones del alcalde haciendo precisiones sobre la cesión del contrato de la Fase III de Transmilenio a Conalvías. “Eso es algo que tenía que hacer el mismo IDU, entonces el alcalde estaba dando explicaciones que nadie le había pedido”.

Ante este argumento precisó que se pudo demostrar la injerencia indebida de Moreno Rojas en la cesión del multimillonario contrato para la empresa del contratista Julio Gómez, señalado por la Fiscalía como la persona que financió su campaña a la alcaldía y a quien le prometió beneficios en la materia de la contratación.

“Les recuerdo que un servidor público por acción o por omisión puede cometer un delito”, aclarando que en esta caso se cometieron serias irregularidades en su función de revisar y controlar la debida ejecución de los contratos públicos.

La primera decisión

"El señor Moreno a juicio de este despacho puede influir obstruyendo la justicia dado que sigue siendo alcalde de Bogotá por lo tanto puede influir en los funcionarios público y contratistas que pueden ser llamados como testigos", des esta forma el juez 28 de garantías avaló la medida de aseguramiento en contra del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, dentro del proceso que se le adelanta por el llamado carrusel de las contrataciones.

En la decisión se consideró que en contra de Moreno Rojas existen pruebas claras que permite inferir que el burgomaestre interfirió en la entrega de contratos del Distrito para un grupo "ya establecidos por él". 

Igualmente se comprobaron que pese a las serias demoras e irregularidades que presentaban la mayoría de los contratos viales en Bogotá, "no realizó ninguna acción preventiva para solucionar estas denuncias".

Rechazó además los argumentos de la defensa del alcalde y aclaró que su cliente "no ha sido víctima de los Nule, pues todos los hechos que se registraron fue por la carencia de actividad administrativa y no enfrentar la caducidad" de los contratos.

El juez no encontró injerencia razonable en el delito de concusión, desmentido así el testimonio de Miguel Nule acerca de las reuniones adelantadas presuntamente en Miami y en el puente aéreo de Bogotá.

"Puesto que ellos (los Nule) buscan un principio de oportunidad podrían estar formando una realidad paralela. Los testigos presentados por la Fiscalía declararon que los vieron pero no se señala que los observaron hablando, ni qué temas estaban tratando", precisó el juez.

En su conclusión el funcionario judicial señaló que Moreno Rojas es un peligro para la sociedad, debido a la importancia y gravedad de los delitos que le fueron imputados, y que debido al poder que tuvo como burgomaestre de la capital podría obstruir la justicia.

En su argumentación el funcionario judicial consideró que el suspendido burgomaestre "puede seguir ejerciendo actos tendientes a destruir y modificar elementos materiales probatorios".

"No se ensucia las manos, pero es determinador" de las irregularidades en los procesos de contratación en la capital de la Repúnlica, manifestó el juez en su decisión. 

Después de la decisión de la juez, el abgoado Mauricio Alarcón quien defiende los intereses del suspendido alcalde, anunció que pedirá acompanamiento de organismos internacionales argumentando que a su cliente se le han violado las garantÍas del debido proceso.

"No queda más camino que pedir la intervención de entidades como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) para una veeduría de garantia de derechos fundamentales como es la libertad, el buen nombre y la legalidad", señaló el abogado en su recusación. Por su parte, la Procuraduría avaló la decisión del juez y no presentó ningún recurso frente a este fallo.