Libres mamá y abogada de testigo en caso de estudiante de los Andes

La juez no encontró motivos para cobijar con medida de aseguramiento a la abogada Aidée Acevedo y María del Pilar Gómez

 Al concluir que la Fiscalía "no pudo demostrar la existencia de un delito”, la juez 26 de garantías les otorgó a la libertad a la abogada Aidée Acevedo y a María del Pilar Gómez, investigadas por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares.

Según la decisión judicial, el fiscal 11 de Vida incurrió en una serie de irregularidades, como no dejar de considerar graves la presentación de unas interceptaciones telefónicas en las que las dos mujeres conversaban, “violando así el secreto profesional” del que gozan todos los abogados.

La juez rechazó los argumentos presentados por la Fiscalía en el que se señalaban que las dos mujeres buscaban obstruir la justicia y que debían ser consideradas un peligro para la sociedad, cuestionando así además la posición de la defensa de la familia de Luis Andrés Colmenares.

“Los testigos tienen miedo de colaborar, porque se están utilizando mecanismos que no son propios ni lícitos. Las citaciones son del juez, y cuando los testigos son renuentes, se tienen las potestades para hacerlos comparecer", indicó.

Igualmente, cuestionó la exposición del fiscal delegado en la cual puesto se vulneraron los derechos de las dos mujeres implicadas en el caso. “Los que en estos momentos están siendo perjudicados en las audiencias, merecen el respeto, como dolientes a quienes se les debe garantizar. No se deje envolver en las pasiones y lo subjetivo que se está presentando, en esa controversia que se armó porque alguien que representa los intereses de un testigo está actuando”.

Ante estos hechos señaló que sería necesario un cambio de fiscal puesto que se extralimitó en sus funciones para adelantar una serie de acciones que no eran su fuero como la de cuestionar las funciones adelantadas por funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal.

Sobre el caso del director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, la juez manifestó que no se puede interpretar como “interferencia a la justicia” la reunión que sostuvo con la defensora pública, puesto que esta “estaba en todo su derecho de poner en conocimiento suyo las supuestas irregularidades en las que habría incurrido el fiscal 11 de Vida”.

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