Procuraduría pide que se anule la condena de 5 años de Julio Gómez

Señala que el peculado del contratista fue de 48 mil millones de pesos y no de 297 millones.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación presentó la solicitud para que se deje sin efecto el preacuerdo firmado por el polémico contratista Julio Gómez con la Fiscalía General dentro del proceso que se adelanta por el llamado carrusel de la contratación.

Según el recurso de impugnación presentado por el Ministerio Público, el beneficio jurídico firmado por Gómez con la Fiscalía presenta serias irregularidades, sobre todo el tasado del peculado por apropiación.

En este sentido se señala que el monto apropiado de manera ilegal por Gómez en los anticipos del contrato de la fase III de Transmilenio es de 48 mil millones de pesos y no de $297 millones como señaló en en el preacuerdo con el cual se rebajó la pena del empresario. 

La Procuraduría General va más allá y precisa que dicho dinero ni siquiera ha sido entregado en su totalidad por parte del contratista. “No ha reintegrado a la fecha ni siquiera el 50 por ciento del incremento patrimonial producto de los delitos que se le han imputado”, se precisa en uno de los apartes de la solicitud en la que se pide que se impugne la condena emitida contra Gómez de 5 años de prisión presentada por RCN Radio. 

“Para la Procuraduría es claro que al momento de avalarse el preacuerdo, se violaron los principios del debido proceso en su aspecto sustancial y procesal, el principio de legalidad”, manifiesta el documento de 127 páginas que será revisado por la Sala Penal del Tribunal Superior para resolver el recurso de apelación presentado ante un juez de conocimiento.  

Doble beneficio

Entre las observaciones hechas por el Ministerio Público a la condena para Julio Gómez, se señala que la Fiscalía le entregó un doble beneficio al contratista que permitió una amplia rebaja en su pena después de que este aceptara su participación en los delitos imputados.

En este sentido se señala que la misma imputación de cargos al contratista habría sido “pre acordada”, hecho por el cual se cometieron vicios de legalidad al ofrecer los beneficios por la aceptación de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Vale recordar que el fiscal General, Eduardo Montealegre anunció en días pasados que presentará una apelación de la condena emitida contra el contratista al considerar que la gravedad de los delitos y el daño a la ciudad fueron muy graves para la pena impuesta.

Este hecho tuvo como consecuencia además que se anunciará la revisión de todos los preacuerdos o principios de oportunidad que se han negociado en los últimos años en la Fiscalía.