Justicia colombiana no está lista para desmovilización de las bacrim

La Justicia colombiana no está preparada para la desmovilización de las bandas herederas de los paramilitares, una de las mayores amenazas a la seguridad en este país, porque no hay garantías de penas por crímenes atroces ni posibilidades de reinserción, advirtió hoy una ONG.

La organización International Crisis Group, especializada en el estudio de los conflictos armados, llegó a esa conclusión tras analizar el único caso que se ha presentado en Colombia de desmovilización masiva de una "bacrim".

Con ese acrónimo de banda criminal es como denomina el Gobierno a estos grupos herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

Según el informe "Desmantelando los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia", al que tuvo acceso Efe, el sometimiento a la justicia en diciembre de 2011 de unos 280 miembros del llamado Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) "corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso".

Consultado hoy por Efe, el Ministerio colombiano de Justicia eludió pronunciarse sobre esta y otras advertencias incluidas en el informe sobre esta banda que se desmovilizó en vísperas de la Navidad pasada en Villavicencio (este de Colombia).

La banda estuvo liderada por el narcotraficante Pedro Oliveiro Guerrero, alias "Cuchillo", al que se le atribuían más de 3.000 asesinatos y estaba reclamado por EE.UU., hasta su muerte a fines de 2010 en una operación militar.

Inmediatamente después de la entrega con armamento incluido, los desmovilizados del ERPAC quedaron en libertad salvo una veintena que tenían orden de captura.

La justicia después ordenó la captura de 51, a los que hubo que buscar "uno por uno", una tarea "ardua" que "causó una indignación pública comprensible", según el informe.

El pasado 30 de mayo fueron condenados 43 exintegrantes de la banda a cuatro años y medio de prisión cada uno más el pago de indemnizaciones por concierto "para delinquir".

Precisamente el informe advierte de que los líderes del ERPAC pueden ser condenados a "penas de prisión cortas" y las "estructuras criminales y de corrupción subyacentes" permanecer "intactas", ya que como "bacrim" no es considerada actor del conflicto armado y por tanto no se puede someter a sus miembros a la justicia transicional.

A juicio de International Crisis Group, "la falta de instrumentos para responder a sometimientos colectivos seguirá obstaculizando los esfuerzos para combatir a estos grupos, los cuales se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad en Colombia".

La directora de esta ONG para Colombia y la Región Andina, Silke Pfeiffer, dijo a Efe que "hay una alta probabilidad de que no se vaya a investigar y sancionar la gama completa de crímenes, que en muchos casos incluyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de estas bandas.

Asimismo, los vínculos de estas bandas con políticos, policías y militares "contribuyen a que estos grupos se puedan mantener", por eso es importante que el sometimiento a la justicia del ERPAC sirva para "desmantelar las redes corruptas".

Los nexos entre criminales y funcionarios del Estado son otra herencia de las AUC, que desde los años noventa del siglo pasado y hasta su desmovilización total en 2006 dominaron la política y el poder en las regiones colombianas.

Adicionalmente, el hecho de que los excombatientes que se someten a la justicia enfrenten procesos en tribunales ordinarios significa que podrían tener beneficios, "como la reducción de penas a cambio de aceptación de los cargos".

Y al no ser considerados actores del conflicto por parte del Gobierno, que sólo incluye en esta categoría a las guerrillas, pues no pueden tampoco acogerse a los programas oficiales de desarme y reinserción social, lo que "aumenta el riesgo de rearme".

Para Pfeiffer, "es importante reconocer que estos grupos operan en un contexto de conflicto armado" y también que "un enfoque más integral y creíble constituiría una parte crucial de las garantías necesarias para posibles conversaciones de paz con las guerrillas".

En su informe de 2011, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz determinó que estas nuevas bandas ha crecido de forma exponencial en los últimos años, con más de 10.000 integrantes que tienen presencia en 31 de los 32 departamentos de Colombia.

A finales del año pasado, esta ONG indicó que las bandas con mayor presencia en Colombia eran Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras y el ERPAC.