El personaje que representaba al juez Tulio Manuel Castro Gil fue asesinado en uno de los capítulos más recientes de la serie.

Meses atrás, en su calidad de juez investigador del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, había ordenado el procesamiento de 16 personas, entre ellas el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Al momento de su asesinato no tenía protección del Estado.

Nacido en el municipio de Siachoque (Boyacá), desde el momento en que recibió su grado de abogado de la Universidad Gran Colombia en Bogotá, Castro Gil se vinculó al poder judicial. Fue juez de menores en Chiquinquirá y Tunja, juez del municipio de La Peña (Cundinamarca), juez de instrucción criminal en Bogotá, y después de un brillante desempeño fue promovido al cargo de juez primero superior, donde le correspondió atender sonadas pesquisas que fueron probando su condición de investigador judicial.

Cuando el ministro Lara fue asesinado, a partir de la captura de uno de los sicarios, el joven Byron de Jesús Velásquez Arenas, el juez Castro empezó a descifrar el rompecabezas criminal. Y como era de esperarse, rápidamente descubrió la mano de Pablo Escobar Gaviria y su entorno. El punto de partida de la investigación fue detectar el hotel donde se habían alojado los asesinos, y desde allí las comunicaciones que habían sostenido con algunas personas en Medellín y en la región del Eje Cafetero.

De esta manera, el juez Castro Gil estableció que uno de los contactos de los sicarios Byron de Jesús Velásquez e Iván Guizado había sido John Jairo Arias Tascón, más conocido como ‘Pinina’, uno de los más sanguinarios secuaces de Pablo Escobar. Otro de los individuos detectados fue Rubén Darío Londoño Vásquez, alias ‘la Yuca’. Este último hallazgo orientó la investigación hacia el movimiento político conocido como Renovación Liberal Independiente, que le había permitido al propio Escobar llegar al Congreso.

Alias ‘La Yuca’ había sido concejal de Envigado por este mismo grupo político, al igual que Alba Marina Escobar, la hermana del capo. Contra ambos el juez decidió encaminar sus investigaciones. Y poco a poco fue sumando nombres hasta que agregó 16 a su lista de investigados. Entre los personajes que vinculó al caso aparecieron también los hermanos Ochoa Vásquez e incluso su padre, el caballista Fabio Ochoa Restrepo. De igual modo lo hizo con el ya conocido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Como era de esperarse, estas vinculaciones al caso Lara complicaron la seguridad personal del juez Tulio Manuel Castro. Empezó a recibir amenazas, a detectar personas sospechosas alrededor de su casa o de los juzgados de Paloquemao. Otros investigadores del mismo expediente también comenzaron a recibir presiones ilegales, al tiempo que los abogados de los 16 procesados multiplicaron sus actuaciones judiciales para cambiar la orientación de las sólidas pesquisas adelantadas por el juez Castro.

Producto de la avalancha de recursos, la segunda semana de julio de 1985, Castro levantó las órdenes de captura que pesaban contra la hermana de Escobar y los Ochoa. Sin embargo, les impuso el pago de una alta caución judicial. Poco a poco el juez Castro sentía la presión de los investigados, pero aun así, según las autoridades judiciales de la época, renunció a la escolta que le venía prestando el DAS. Su razón: la convicción de que de nada servía exponer a estos servidores judiciales si los asesinos pensaban actuar.

Y tal como estaba anunciado, el martes 23 de julio de 1985, el juez Tulio Manuel Castro abordó un taxi a la altura de la Avenida Las Américas con la Avenida Boyacá y le pidió al conductor que lo llevara a la Avenida Caracas con calle 48. Cuando el taxi se detuvo en la dirección señalada y el juez se disponía a bajarse, de un automóvil Mazda de color verde oscuro que los venía siguiendo se bajó un individuo que cubría su rostro con una bufanda, y sin mediar palabra disparó a quemarropa contra el juez Castro.

El deceso del juez se produjo casi de manera instantánea. Nueve disparos acabaron con su vida. Eran sus últimos días como juez investigador pues acababa de ser nombrado como magistrado del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), donde debía posesionarse el primero de agosto. En cuanto a sus investigaciones, con el curso de los años cayeron en el vacío y diez años después de ocurrido el magnicidio de Lara, sólo el asesino Byron Velásquez y uno de sus cómplices, Alonso Díaz, fueron condenados. La investigación por la muerte del juez Castro quedó en total impunidad.