Crean Comando Conjunto del Suroccidente para estabilizar al Cauca

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El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció nuevas medidas operativas y de política social que permitirán contener la crisis de orden público en el departamento del Cauca.

Se conoció que entre las medidas que adoptará el Gobierno, está la creación un Comando Conjunto del Suroccidente, conformado por cerca de 5 mil hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

El Ejército confirmó que el general Miguel Pérez, quien actualmente se desempeña como Comandante de la Tercera División del Ejército, fue relevado de su cargo tras los incidentes que se registran desde hace varios días en ese departamento. 

El control de la zona será asumido por el general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien se encargará de poner en marcha la nueva estrategia de esa zona.

Al tiempo, líderes indígenas señalaron que mantienen retenidos a cuatro guerrilleros  sorprendidos cuando trataban de atacar a un helicóptero de la Fuerza Pública que llevaba víveres a los militares ubicados en la parte alta de Toribío.

Señalaron que en las próximas horas presentarán a los subversivos a los que se les decomisó armamento y varios tatucos.

Hacia el medio día del miércoles, la muerte de un joven indígena a manos de militares aumentó el clima de tensión en la zona, en el que las fuerzas de seguridad retomaron el control de una base de la que los aborígenes habían expulsado previamente a un centenar de soldados.

El joven, del pueblo de los nasas, recibió un tiro de fusil cuando caminaba por una carretera rural de Caldono, localidad vecina a la de Toribío, centro de una movilización indígenas caucanos para desalojar de sus tierras ancestrales a todos los "actores del conflicto".

Este hecho desencadenó una movilización de por lo menos 100 indígenas que retuvieron a 30 militares, a quienes acusaban de ser los responsables de la muerte del joven.

La víctima, de nombre Fabián Cuetía, de 22 años y miembro del movimiento campesino de la región, procedía del domicilio de su novia en La Venta, aldea rural de Caldono.

La responsabilidad de los militares en el caso fue admitida por la Tercera División del Ejército, con sede en la ciudad de Cali y que tiene como área de operaciones una gran parte del suroeste colombiano.

La unidad militar explicó en un comunicado que el joven murió cuando las tropas realizaban "operaciones militares para neutralizar cualquier pretensión terrorista en contra de la comunidad".

El hecho coincidió con el avance de un contingente policial de elite movilizado a Toribío por decisión del presidente, Juan Manuel Santos, para que retomara el control de una base militar que había sido ocupada la víspera por los nasas o paeces.

"No quiero ver un solo indígena en las bases militares. Esa es la orden desde anoche", escribió Santos en su cuenta de Twitter pocas horas después de que las autoridades policiales confirmaran que los aborígenes habían desalojado el campamento militar, situado en Berlín, cerro en la zona rural de Toribío.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín) reportó a Efe que la operación, que fue lanzada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dejó al menos tres heridos y unos 23 contusos o afectados por gases.

Los policías "lanzaron indiscriminadamente gases lacrimógenos en el intento por desalojarnos de nuestro propio territorio", denunció el representante legal de la Acín, Carlos Andrés Alfonso. Ver imágenes

El cerro de Berlín estuvo menos de un día bajo control de los nasas, etnia que el martes sacó a empujones a los cerca de cien soldados que acampaban en el sitio, que acoge antenas de telecomunicaciones civiles.

La acción de estos aborígenes desató una reacción de rechazo en muchos sectores del país, entre ellos los de la oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe, antiguo correligionario de Santos.

"Guerrilla con indígenas y nuestro ejército vejado", escribió Uribe en uno de los varios mensajes que sobre los hechos ha difundido por la misma vía de Twitter.

El exgobernante, al igual que algunos mandos de las fuerzas de seguridad, han acusado a los nasas por sus presuntos nexos con las Farc.

La imputación ha recaído, entre otros, sobre Feliciano Valencia, el consejero político de la Acín que la ha rechazado, como lo han hecho otros líderes de la organización.

"Ese tipo de acusaciones nos sacan de casillas", dijo el consejero Alfonso, quien defendió la autonomía de la minoría étnica, reconocida por mandato constitucional.

Alfonso reiteró que su pueblo quiere fuera de los territorios ancestrales tanto a las fuerzas de seguridad, como a las Farc, y que ya se lo han hecho saber a unas y otras.

También por Twitter, Santos escribió que el ministro del Interior, Federico Renjifo, estaba "autorizado para abrir mesa de diálogo con indígenas", pero solamente "cuando cesen agresiones".

Total rechazo de empresarios

A nombre de los empresarios colombianos, el presidente del Consejo Gremial Nacional y de la Andi, Luis Carlos Villegas Echeverri, manifestó total rechazo a los hechos vividos recientemente en el departamento del Cauca.

“El mensaje del sector privado es de rechazo absoluto a lo vejámenes de los que ha sido objeto la Fuerza Pública, vejámenes que los colombianos debemos sentir como infligidos a toda la sociedad. Los hermanos indígenas, que han dicho legítimamente durante muchos años que su principal problema histórico ha sido la humillación, han optado por la humillación contra la Fuerza Pública. Eso tiene que ser rechazado por la sociedad colombiana y especialmente por el sector privado al que hoy represento.

También rechazar la tesis de que Fuerza Pública y delincuencia son lo mismo, y que “actores armados” son tanto delincuentes como policías y soldados. Esa es una tesis que no puede caber en ninguna sociedad civilizada cualquiera que sea su tradición, su origen étnico o su calidad de minoría o de sector privilegiado de la sociedad. Aquí hay unos delincuentes y una Fuerza Pública que los está persiguiendo. Esa cultura de perseguir a quienes violan las reglas está también en el corazón del funcionamiento de las comunidades indígenas como un valor esencial que no puede rechazarse para el buen desarrollo general de la sociedad.

Igualmente rechazar toda sustracción territorial a la Fuerza Pública. El país no debe olvidar de dónde venimos en materia de inseguridad, cuál era la situación del país en el año 95, cuál era en el año 2000 y cuál es hoy. Si comparamos nuestros tiempos con aquellos, definitivamente el valor de la seguridad nos lo hemos ganado; hemos ganado porque la autoridad está presente en todo el territorio nacional y no puede ser que una porción de la sociedad por importante o privilegiada que sea, por estima que le tenga el resto de la nación, pretenda que las autoridades no estén en los territorios que habitan.

Mi llamado a nombre del sector privado es a la cordura de los hermanos indígenas, de la aceptación de la autoridad. Y a los soldados y policías que han sido vejados y humillados mi mensaje de solidaridad, de compañía, de entusiasmo de los empresarios de Colombia. Agradecemos su labor, su trabajo dedicado, la paciencia y la prudencia con la que han enfrentado estos hechos de los últimos días.

Del Gobierno solicitar toda la fortaleza de la que sea capaz, para evitar que en ningún punto del territorio nacional sea vedada la presencia de la Fuerza Pública. Por más cansados que estemos los colombianos de la violencia, la solución a la violencia no se da con el debilitamiento de la autoridad de la fuerza pública, ni con su humillación. La violencia terminará cuando la autoridad legítima del Estado sea la que haya doblegado a los criminales y los haya obligado a concluir que su agresión es estéril. De esa tesis no se puede apartar, a mi juicio, ninguna porción de la sociedad colombiana”.