Petro asegura que "no existe" sentencia en su contra

Foto: Daniel Gómez

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, manifestó ante la Sala Plena del Consejo de Estado que no existen argumentos jurídicos que sostengan la demanda interpuesta en su contra sobre una posible violación al régimen de inhabilidades.

Argumentó que no se puede decretar la perdida de investidura puesto que su demandante, el concejal Orlando Parada, no pudo demostrar la existencia de una sentencia en su contra por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

“Es una simple resolución por su militancia en el M-19 diciendo que tenía un arma de defensa. Sin proceso lo mandan a la cárcel, por eso nunca encontraran esa sentencia, no es que se perdió”, precisó Petro hablando sobre su militancia en la guerrilla.

En este sentido señaló que no se cumplen los tres requisitos legales que se exigen para que se decrete esta pérdida de investidura: Primero que cometió un delito, segundo que era político, y tercero que fui condenando por sentencia judicial.  

"Para perder investidura se tiene que demostrar que cometí un delito y que no era delito político, ninguno ocurrió", agregó el alcalde distrital en su intervención que duró cerca de 15 minutos. 

En este sentido señaló que lo capturaron por ser el concejal que había reconocido su militancia en el M-19 señalando que fue capturado en un barrio de Zipaquira adelantando una campaña política cuando fungía como edil, "y así quedó registrado en los medios de comunicación". 

“A mí me capturaron por mi militancia y me llevaron al Cantón Norte y me soltaron unos días después”, precisó durante la audiencia pública, en la cual se registraron varias manifestaciones de apoyo por parte de un grupo de seguidores.  

“No entiendo porque el demandante quiere quitarme la investidura con un hecho 10 días antes de la toma del Palacio de Justicia. Usted (señalando al concejal Parada) se está basando en una sentencia que no existe y no es que esta se haya perdido es que nunca existió, pueden seguirla buscarla a menos de que se elabore posteriormente", aclaró. 

Petro aprovechó la oportunidad para cuestionar en repetidas oportunidades al concejal Parada, asegurando que está intentando omitir la historia registrada en periódicos y al manifestar que los 15 años de congresista fueron invalidados, “desconocer la historia, desconocer las leyes, la misma historia”.

Por su parte el abogado del alcalde, Oscar Ortiz, catalogó esta demanda como un "proceso fantasma", ya que "no existe prueba alguna de la existencia de la sentencia o del proceso".

La Procuraduría, por su parte, pidió desechar la demanda por pérdida de investidura contra Petro, alcarando que pese a que el Consejo de Estado hizo todo lo posible para conseguir los documentos o registros sobre una sentencia judicial en contra del burgomaestre capitalino por el delito de porte ilegal de armas. 

En este sentido el procurador Isnardo Jaimes le manifestó al Consejo de Estado pese que "aunque falta la prueba" que sostenga la demanda en contra de Petro, el alcalde "aceptó ese hecho como cierto".

La Procuraduría General sostuvo que el delito por el cual fue condenado Petro es conexo al de rebelión, puesto que para “la revolución casi siempre se hace con las armas (...) la rebelión subsume el porte ilegal de armas cuando estas son usadas en un delito político". 

Según Jaimes, Petro fue condenado, según los registros allegados al proceso, el fallo fue emitido por un juez penal militar, sin embargo según las leyes dicha sentencia tuvo que ser elaborada por un juzgado. 

Según la Procuraduría, el hecho ocurrió antes de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991, en el marco de la medida de excepción que ya no rige como lo es " el estado de sitio".

"Técnicamente, la sola privación de la libertad no es una causal para la pérdida de investidura", dijo el representante de la Procuraduría, quien solicitó que se desechen los cargos presentados en la demanda contra la investidura del alcalde. 

Se espera que en los próximos 60 días el Consejo de Estado determine si mantiene o no la investidura de Gustavo Petro.

¿En qué consiste la demanda? 

El concejal Orlando Parada interpuso la demanda el pasado 26 de septiembre al asegurar que Petro estaba inhabilitado por haber sido condenado por porte ilegal de armas en 1985.

“Cuando fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 el Gobierno decreta el Estado de Sitio y toma una serie de medidas, entre las cuales se destaca la asignación a la Justicia Penal Militar de investigar y sancionar algunos delitos, entre ellos el porte ilegal de armas. En octubre de 1985 Petro, siendo concejal de Zipaquirá, es capturado con armas de fuego sin tener permiso de porte. El juzgado 106 de Instrucción Penal Militar lo procesó y halló culpable del delito condenándolo a 18 meses de prisión. Fue condenado el 6 de noviembre de 1985 a pena privativa de libertad de 18 meses. Fue recluido en la Cárcel Modelo de Bogotá y cumplió pena efectiva de 16 meses. El 6 de febrero de 1987 logra su libertad por pena cumplida, con una rebaja de dos meses por buen comportamiento”, señaló el cabildante.

Según Parada, dicha condena inhabilita a Petro “tanto para ser Senador como para ser Alcalde”. El concejal se refirió “al proceso de paz con el M-19, que concedió beneficios jurídicos por delitos cometidos con anterioridad a 1990, beneficios que fueron consagrados en la ley 77 de 1989, conocida como la ley de indulto, en ella se habló de indulto como perdón de penas y cesación de procedimiento para procesos en curso. Hay que hacer claridad que no hubo amnistía, que es un perdón de delitos que concede el Congreso. Gustavo Petro jamás se acogió a amnistía como lo certifica el Ministerio de Justicia y que el mismo Petro reconoce en distintas declaraciones ante medios de comunicación”.

El cabildante del partido de La U, demandante contra Petro, asegura que la figura a la que acudió el actual alcalde de Bogotá “fue la cesación de procedimiento, habida cuenta que el Juzgado 30 de instrucción criminal lo vinculó como posible autor intelectual de la toma de Palacio de Justicia y específicamente por los delitos de homicidio, secuestro e incendio entre otros. Es más, ya le habían expedido orden de captura. Al acogerse al beneficio terminó esta investigación en contra suya. Hoy se cuestiona también si esos beneficios se concedieron legítimamente, pues el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo recientemente que no es aceptable conceder beneficios jurídicos por delitos de lesa humanidad como los investigados para el caso del Palacio de Justicia”.

En este sentido, Parada agrega que la norma exigía que los beneficiados con el indulto y la cesación de procedimiento adelantaran la solicitud correspondiente en los seis meses siguientes a la expedición de la Ley. “Petro lo hizo pero sólo en lo relacionado con el Palacio de Justicia y guardó silencio sobre la condena ya impuesta. La inhabilidad es muy precisa, Gustavo Petro con anterioridad a su elección como Senador, había sidocondenado a 18 meses de cárcel por la justicia penal militar. Cosa juzgada”.