Retirar bases de Meta y Guaviare pone en riesgo seguridad nacional

Foto: cortesía Ejército Nacional

“Tiene que quedar claro que el Ejército y las Fuerzas Armadas nunca han sido invasores. Estamos cumpliendo una orden constitucional, tenemos que responder por la seguridad de Colombia y por la de ese sector de la patria”, así respondió el general Alejandro Navas, ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena, al Ministerio de Defensa, devolverle a las etnias Jiw y Nukaven un territorio ocupado por dos bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, acatarán la decisión del Alto Tribunal, pero no se saldrán del territorio sin antes “dar la pelea jurídica”.

“Allá hay una clara amenaza a la seguridad nacional. En esa zona delinquen varios frentes de las Farc y bandas criminales (…) No sabemos a ciencia cierta quienes están detrás de esta demanda y a quién beneficia, de lo que sí estamos seguros es que afectará a la población”, advirtió el general Navas al señalar que presentarán ante la Corte, un recurso que les permita conservar las unidades militares, que por años, han mantenido la ofensiva contra los grupos ilegales que se disputan este corredor estratégico.

El general aseguró que el retiro de una de las bases, ubicada sobre el río Guaviare, permitiría abrir paso a un corredor estratégico de las Farc. “Allí se podría movilizar libremente los integrantes del Embo (Estado Mayor del Bloque Oriental) que delinque en La Macarena, se conectaría fácilmente con el Bloque Occidental y con el frente 16. De ahí la movilización guerrillera se podría abrir al resto del país por el oriente”.

Esta zona, donde hay una fuerte presencia guerrillera, ha sido por años el centro de disputa territorial por parte de los diferentes actores armados, por su facilidad para movilizar armas y cocaína. Entre los departamentos del Meta y Guaviare se encuentran instalados los frentes 16 y 44 de las Farc. Han estado las autodefensas y continúan las bacrim, herederas de los negocios del narcotráfico.

“Tiene un alto valor estratégico desde ese punto de vista por el control territorial”, agregó Navas al advertir que se pondrán en marcha todos los recursos jurídicos y se hará una férrea defensa de la seguridad nacional.

De cumplirse la decisión judicial, cerca de 500 hombres saldrían del área rural denominada como Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare. Se tendría que trasladar la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército y un puesto de Infantería de Marina. “Esa base queda a unos 7 kilómetros de San José del Guaviare donde hay una guarnición militar y policial. Los terrenos que son ocupados por la Fuerza Pública son aproximadamente unas 17 a 20 hectáreas”.

Finalmente, el comandante de las FF.MM. explicó que esta decisión no tiene nada que ver con la tensa situación del Cauca, donde la comunidad indígena Nasa rechaza la presencia de los actores armados y exige la salida de la Fuerza Pública y de las Farc de la zona.

“En el Cauca, esos terrenos que no son propiedad de los indígenas de esas comunidades, son terrenos amplios del Estado y donde por vías de hecho no se puede desalojar a las Fuerzas Militares que están allí defendiendo el orden”.

El fallo de la Corte Constitucional

Este jueves, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa devolverle a la etnia jiw en los próximos seis meses un territorio ocupado por una escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en su resguardo ancestral de Barrancón, en el departamento del Guaviare.

Según el Auto 173 de 2012, firmado por el presidente de la Sala Especial de Seguimiento, Luis Ernesto Vargas, el área que ha de ser entregada corresponde al resguardo jiw de Barrancón, y en ese proceso el ministerio debe estar acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Cáritas y las Naciones Unidas.

El auto del Alto Tribunal comprende otras medidas para proteger a los pueblos jiw y nukak en los departamentos del Guaviare y del Meta, pues se encuentran "en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección".

"Éstos (aborígenes) continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen", añade el auto del Constitucional.

De hecho, según el tribunal, tres indígenas jiw han sido víctimas en accidentes por municiones sin explotar que fueron halladas en el resguardo Barrancón, en las inmediaciones de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.

La cartera de Defensa, que encabeza el ministro Juan Carlos Pinzón, deberá también presentar un informe sobre las actuales condiciones de seguridad en los territorios ancestrales jiw del Meta, para estudiar la entrada de una misión del Estado que pueda analizar la situación en los resguardos de Mocuare y Barrancón.

Por su parte, Pinzón pidió que se revise el fallo, y aunque sostuvo que lo respeta y lo acata, anunció que el Ministerio de Defensa presentará "recursos legales".