Piden prescribir proceso contra mayor de la Policía por muerte de Luis C. Galán

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El abogado Jairo Herrera Pérez presentó ante la unidad de derechos de la Fiscalía General una solicitud para que se prescriba la acción penal que se adelanta contra el mayor (r) de la Policía, Luis Felipe Montilla Barbosa investigado por su presunta participación en los hechos que rodearon el asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989.

Según el abogado, existen dos razones jurídicas para que se prescriba la investigación contra su cliente, quien fue relacionado con el proceso mediante indagatoria el pasado mes de octubre por el cargo de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo por el atentado que sufrió un escolta de Galán Sarmiento el día de su muerte.

La primera de estas, es que en el expediente por el cual su cliente es procesado no se hace alusión en ningún momento a que participó en un crimen de lesa humanidad, hecho por el cual no puede ser investigado por este caso que ocurrió hace más de 20 años y por lo basándose en la ley ya precluyó.

"No conozco la decisión del fiscal encargado de la unidad delegada ante los derechos humanos en la que se haga una declaración de que es un crimen de lesa humanidad. Al no conocerla y no existir estoy en el legítimo derecho de pedir la prescripción del proceso para que se extinga toda persecución del aparato represor del estado en contra de mi cliente", precisó Herrera Pérez.

En este sentido el abogado manifestó que basándose en este hecho el término de prescripción fue el 18 de agosto de 2009. "Como Colombia sabe y tiene noticia en enero de este año la Corte Suprema declaró la nulidad de todo lo actuado en la Fiscalía delegada de derechos humanos por estos hechos, al hacerlo dejó sin piso jurídico y validez la decisión tomada en la cual se declaraba como crimen de lesa humanidad", aclaró el abogado al explicar la segunda razón para solicitar la prescripción del proceso contra el mayor.

Para el jurista, el Estado y sus organismos judiciales después de 20 años no pueden catalogar nuevamente un hecho como un crimen de lesa humanidad con el único fin de que estos no prescriban, puesto que dicho rótulo significa algo más profundo y detallado frente a la ley.

"El Estado no puede declarar cuando le plazca que un crimen es de lesa humanidad solamente para impedir la prescripción", precisó el jurista, quien dejó en claro que rechaza y lamenta los hechos registrados en la plaza de Soacha, Cundinamarca hace 23 años cuando una ráfaga de balas acabó con la vida del precandidato presidencial por el partido Liberal.

El jurista basó igualmente su solicitud en los fallos judiciales emitidos por estos hechos en contra de alias 'Popeye', jefe de sicarios del abatido jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar, así como la sentencia en contra del exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero en los cuales "nunca nadie dijo" o se hizo referencia a que era un crimen de lesa humanidad.

"La pregunta que nos hacemos es para ellos no era crimen de lesa humanidad pero para mi defendido si en razón al tema de prescripción. Es entonces el término de prescripción genera la declaración de crimen de lesa humanidad o es los hechos como tales y los elementos estructurales", aclaró el abogado.

¿Lentitud de la justicia?

El jurista considera que no es plausible el hecho que después de 23 años de ocurrido el crimen, la Fiscalía y los organismos de justicia estén buscando pistas, nombres, y responsables de las personas que tuvieron vinculación, tanto en el campo intelectual como en el material, del atentado contra el precandidato presidencial por el Partido Liberal.

Y es que para el abogado no es entendible el hecho que después de tanto tiempo se haya llamado al mayor de la Policía a relatar su historia y responder preguntas sobre lo sucedido esa noche de agosto de 1989 cuando desde un principio pudieron citarlo a interrogatorio, pedirle pruebas e aclarar parte de esos hechos.

En este sentido manifiesta que su cliente “está viviendo una tragedia” puesto que después de 10 meses de rendir su indagatoria desconoce su suerte, puesto que pese a que han pedido una serie de pruebas hasta el momento no han tenido respuesta. “Después de 23 años están buscando la verdad”, precisó el jurista quien espera que la Fiscalía rompa su silencio y emita una decisión de fondo en este caso.

“Este año no se ha tomado una sola decisión de fondo y esta defensa en cinco oportunidades ha solicitado que se defina la situación jurídica de mi defendido que está viviendo una tortura desde su indagatoria esperando 10 meses a que se le resuelva su situación jurídica, pero además solicitando pruebas para defenderse jurídicamente que inexplicablemente no se le decretan”, aclaró.

¿Quién es el mayor Montilla?

Para la época de los hechos fungía como capitán de la Policía y comandante del distrito de la Institución número uno que tenía su sede en Soacha, Cundinamarca, quien, según su defensa pese a que estuvo en el lugar de los hechos esa noche no cumplía con las funciones que le acusa la Fiscalía.

"Soacha tenía una estación de policía, esa estación tenía un comandante que para aquel entonces era el oficial Bueno Cipacauta. Al mismo tiempo era comandante de una contraguerrilla que tenía Soacha y que esa misma noche fue sacada hacia el comando de Policía de Cundinamarca para labores que desconocemos, por esa razón la contraguerrilla no estuvo presente en la plaza del municipio el día que le dieron al candidato Galán”, precisó el abogado.