"La muerte de Jaime Garzón puede seguir en una impunidad indefinida"

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El abogado Alirio Uribe, quien defiende los intereses jurídicos de la familia del asesinado periodista y humorista Jaime Garzón, aseguró que la investigación por este crimen avanza de manera muy lenta, puesto que existen serios intereses que buscan que el crimen ocurrido hace 13 años quede en la impunidad.

El jurista ha manifestado que hace muchos años se evidenció que existían presiones e intereses ocultos con el fin de que nunca fueran llevados ante la justicia los autores intelectuales y materiales del asesinato de Garzón Forero, para lo cual mataron y amenazaron a por lo menos seis testigos claves.

“Nos preguntamos si después de 13 años se puede aclarar un proceso tan complicado cuando pudimos demostrar que el DAS había desviado la investigación”, precisó el jurista manifestando que ya está comprobado que el ahora desaparecido organismo de inteligencia realizó un montaje con el fin de ocultar la verdad sobre los hechos.

Ante esto, se perdió mucho tiempo valioso para la recolección de pruebas y testimonios que dieran pistas sobre los verdaderos autores del crimen, puesto que para el abogado, ya se saben cuáles fueron los motivos que desencadenaron la orden para asesinar al periodista y humorista.

“Jaime había sido expuesto por su periodismo crítico, por su participación en cuestiones humanitarias como la liberación de secuestrados, que él lo hacía con el aval de la Presidencia, así como su gestión en materia humanitaria con las Farc, pero eso lo pusieron en entredicho con los militares y varios sectores de la sociedad”, precisó.

Ante esto, semanas antes de su muerte, Jaime Garzón buscó varias reuniones con los mandos de la cúpula militar, principalmente con el general Jorge Enrique Mora Rangel, así mismo le envió varias cartas al jefe paramilitar Carlos Castaño con el fin de para la orden que ya había emitido para acabar con su vida.

Y es que días antes de morir, el periodista ya tenía registrada en su agenda una cita con Castaño Gil para hablar sobre la información que le había entregado la entonces senadora Piedad Córdoba sobre un plan para acabar con su vida. “Él mismo sabía de dónde venía el riesgo (…) Quería frenar un hecho que se veía venir como era su asesinato como retaliación a sus actividades periodísticas y humanitarias”.

¿Participación del Ejército?

Según Uribe, existen testimonios de paramilitares que involucran a la inteligencia militar como parte fundamental en la planeación y ejecución en el asesinato de Jaime Garzón, hecho por el cual se le han solicitado a la Fiscalía la práctica de pruebas con el fin de establecer la veracidad de dichas declaraciones y así lograr un esclarecimiento.

En este orden de ideas, los mismos paramilitares acusaron al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, el único procesado por estos hechos, de haber fungido como puente entre la cúpula militar y Carlos Castaño para la realización del plan que culminó con el asesinato de Jaime Garzón a manos de dos sicarios.

“Estamos hablando de altos oficiales que tuvieron conocimiento y trabajaron como determinadores o coparticipes de este hecho”, precisó el jurista, quien aclaró que estas investigaciones se han llevado de una forma muy lenta por parte de la Fiscalía General.

Estos hechos motivaron a que el caso fuera presentado hace un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puesto que se presentaron evidencias sobre una desviación de la investigación y una obstrucción a la justicia. “Prevemos que el caso puede seguir en una situación de impunidad indefinida por lo que se presentó la necesidad de buscar este tipo de instancias”, manifestó Uribe.

Y es que para el jurista, no es entendible que después de tanto tiempo solamente exista una condena por este hecho, la de Carlos Castaño, y que el proceso que se adelanta contra Narváez vaya tan lento debido a las maniobras dilatorias que ha presentado su defensa con el fin de alargarlo cada vez más, tanto que hasta este momento se espera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre un recurso de apelación presentado en contra de unas pruebas practicadas por la Fiscalía.

Por esto le hace una pregunta al ente investigador acerca del hecho de por qué se registraron varios años sin abrir un solo expediente, sin practicar una sola prueba y sin interrogar a alguien por el asesinato de Garzón. “Cuando pasó lo de Carlos Castaño y otros paramilitares se cerró la investigación, cuando se probó y se demostró que había un montaje, se volvió a investigar”.

“En estos momentos si bien José Miguel Narváez está preso, se presume inocente hasta el fallo del juez, no podemos decir que él fue el determinados hasta que no haya un juicio y una sentencia, pero las líneas de investigación apuntan a eso. A esa relación de la cúpula militar y grupos paramilitares”, precisó.

Su trabajo humanitario

Para el abogado, Jaime Garzón se ganó el cariño y respeto de muchos al buscar la liberación de secuestrados, sin embargo esto también generó odios y rencores por parte de los militares y grupos paramilitares quienes lo señalaron de auxiliar y apoyar a la guerrilla.

“En esa época se vislumbró esa hipótesis de que era un tesorero de las Farc, que ayudaba recaudar recursos para esa guerrilla, eso era una mala intención para desenfocar la actividad humanitaria que tenia con la autorización del Gobierno por lo que era un hecho ilegal”, aclaró Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

A esto se sumó una serie de denuncias hechas por Garzón sobre agentes del Guala de la Policía que estaban involucrados en secuestros, lo que llevó a una serie de investigaciones y condenas en contra de esos agentes.

“En esos momentos había un marco legal muy duro con el tema de los secuestrados, el que mediara por una liberación podía ser criminalizado, porque la política era el no pago total, pero cuando el Gobierno se ve ante la imposibilidad de rescatar a los secuestrados generan rutas de mirar a una solución lideradas y la persona clave ahí era Jaime, pero esto fue incomprendido por la cúpula militar”, aclaró el abogado.

En este sentido señaló que muchos de los familiares de los secuestrados acudían al periodista con el fin único de lograr la liberación de sus seres queridos y sabían que él tenía todo el apoyo del Gobierno para estas misiones. “No tenia provecho económico, era totalmente legal y humanitario”.