Fiscalía tiene ocho días para brindarle seguridad a testigo en caso de Andrés F. Arias

Foto: Gabriel Aponte

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de ocho días a la Fiscalía General para que resuelva la situación de seguridad del investigador Octaviano Casas quien aseguró que no seguirá declarando en el proceso que se adelanta contra el exministro de Agircultura, Andrés Felipe Arias, por su presunta responsabilidad por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro. 

Según Casas, en los últimos días fue declarado insubsistente de su cargo y retirado del ente investigador, hecho por el cual teme por su seguridad y la protección de su familia puesto que en este juicio ha presentado serias revelaciones en este proceso, en el cual fungió como uno de sus principales investigadores por la entrega irregular de subsidios.

"Mi situación personal, familiar, de seguridad, de confianza, de tranquilidad, en este momento está totalmente vulnerable y por el piso. No puedo continuar hasta que tenga tranquilidad para actuar. No puedo asumir una carga de estas sin el respaldo de una institución", precisó Casas.

El exfuncionario denunció que después de 23 años en el CTI fue declarado insubsistente y pidió garantías para seguir declarando dentro de este proceso, sin embargo, la magistrada de la Sala Penal, María del Rosario González aseguró que este hecho no le quita sus responsabilidades como testigo en este juicio.

"Ojalá no pase nada. Esto es un tema complejo. La institución debe velar y proteger a sus funcionarios", precisó Casas, quien advirtió que en e último estudio de seguridad que le hicieron se calificó su situación como de "riesgo inminente".

El investigador negó que su posición se trate de una maniobra dilatoria de la propia Fiscalía en este caso, asegurado que su salida del ente podría afectar el desarrollo del proceso judicial.

Andrés Felipe Arias fue acusado formalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros, al considerar que habría utilizado el programa bandera de su administración como plataforma política con el fin fundamental de encontrar apoyo entre un grupo de empresarios para su precandidatura presidencial por el partido Conservador.

Según la entonces iscal General, Viviane Morales Hoyos, el exministro manejó todas y cada una de las etapas del programa, incluyendo la entrega de los subsidios no reembolsables para programas de riego y drenaje que terminaron en manos de grandes empresarios de la costa.

Considerando así que su despacho contrató de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) violando así los requisitos legales en materia de contratación en Colombia.

La gravedad del asunto en el caso de Arias radica en el hecho de que dichos contratos fueron fijados como de cooperación científica cuando en realidad era para la administración de recursos, por lo que era obligatorio convocar a licitación pública.

El excandidato presidencial permanece recluido en el Cantón Norte desde el pasado 29 de julio, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento al considerar que podría obstruir a la justicia.