En firme proceso contra secretario de Gobierno de Bogotá

Después de tres días el procurador segundo distrital dejó en firme el proceso disciplinario que se adelanta contra el actual secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla Coronado por presuntamente haber violado el régimen de incompatibilidades.

“En vista de no aceptar la propuesta de la defensa de terminar el proceso disciplinario a favor del doctor Guillermo Asprilla, considera prudente y pertinente practicar las pruebas que solicitó la defensa”, precisó el procurador Distrital al concluit que no se presentaron argumentos claros para declarar una nulidad. 

El pasado martes, el procurador del caso manifestó que Asprilla Coronado sabía que presentaba una incompatibilidad para ejercer dicho cargo puesto que tenía intereses jurídicos en un proceso que se le adelanta contra el Distrito por un hecho registrado en el relleno de Doña Juana en 1999.

Según el Ministerio Público, Asprilla por su educación como abogado y su experiencia laboral sabía que existía una incompatibilidad para desempeñar los cargos de concejal de Bogotá, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y ahora como Secretario de Gobierno de Bogotá.

"No hay duda hasta el momento que el doctor Guillermo Raúl Asprilla Coronado, conocía su situación personal y profesional de estar actuando, por un lado como apoderado judicial dentro de una acción de grupo presentada contra el distrito de Bogotá y por el otro de encontrarse con la incompatibilidad para desempeñar cargos públicos" dijo el procurador del caso.

En este caso se indica que pese a que presentó un poder a otro abogado para que representara a un grupo de familias que se vio afectada por ese desastre ambiental en la localidad de Usme en contra del Distrito, el Consejo de Estado no le dio validez a dicho documento y no lo aceptó.

“El doctor Asprilla sabía que era menester esperar que dicha autoridad judicial lo reconociera. Las pruebas allegadas al proceso indican que incurrió en una falta gravísima a título de dolo, puesto que actuó con conciencia y una capacidad individual de acción y no hizo acción alguna para intentar no infligir la ley”, precisó la Procuraduría.

En su intervención, Asprilla manifestó que no incurrió en ningún acto ilegal o irregular. “En el caso mío resultaría de un absurdo monumental, ¿qué podría haber obtenido yo incumpliendo el régimen de incompatibilidades? ¿Qué beneficio se podría deducir para mi persona de una decisión de esta naturaleza?”.

En este caso indicó que sabía que cuando asumió el cargo de concejal ya había abandonado las banderas jurídicas para seguir defendiendo a las cientos de familias que sufrieron algún daño por la explosión del relleno sanitario debido a la acumulación de gases.

"El funcionario encargado de definir mi destino, hace afirmaciones contundentes sobre mi conducta. Asumo una tarea difícil, pues por primera vez en 26 años concurro a un despacho, por presuntas irregularidades", precisó el secretario de Gobierno.

El proceso contra Asprilla

La investigación disciplinaria se desprende la denuncia hecha por El Espectador (vea:Secretario de Gobierno es demandante contra el Distrito) en la que se indicaba que hace 15 años Guillermo Asprilla presentó a nombre de 10 familias que habitaban cerca del relleno Doña Juana una demanda en contra del Distrito por un desastre ambiental.

Por este hecho, el 24 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarcacondenó a la Nación con el pago de 1.600 millones de pesos de indemnización de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre del relleno sanitario ubicado sur oriente de Bogotá.

Según el Ministerio Público, Asprilla a principios del 2011 también ocupó, estando inhabilitado, el escaño en el Concejo de Bogotá que dejó Roberto Sáenz, cuando todavía era el representante de las familias que demandaron al Distrito.

Sin embargo, y pese a que tenía intereses profesionales en este caso (vea: Piden investigar conducta Guillermo Asprilla) se posesionó como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a inicios de este año durante el inicio del la administración de Gustavo Petro.

Ante esto, indica el Ministerio Público, Asprilla Coronado tenía que haberse declarado impedido para asumir este cargo, algo que no hizo, y estuvo en el cargo por más de tres meses, después de fuera nombrado como Secretario de Gobierno de Bogotá después de la renuncia de Antonio Navarro Wolf.

El organismo indica que el funcionario pudiendo hacerlo, tampoco utilizó, antes de tomar posesión del cargo de Concejal de Bogotá, el mecanismo directo de renunciar al poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

"Para la época de los hechos el señor Asprilla Coronado fungía como apoderado dentro de una Acción de Grupo que se adelanta en contra del Distrito Capital, según constanciaexpedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en la Sección Tercera", aclara la decisión.

Según la Procuraduría, el tribunal de lo contencioso administrativo certificó que Asprilla Coronado figura como apoderado de Leonardo Buitrago Quintero y otro grupo de personas,"actuando así en favor de los intereses de los demandantes sin que se le haya revocado en ninguna ocasión el poder otorgado, por lo que posiblemente incurrió en falta disciplinaria".

El proceso será verbal y abreviado, y podría tardar entre tres y cuatro meses. Si el resultado es adverso para Asprilla, la Procuraduría podría incluso destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.

El artículo 29 del Decreto 1421 de 1993, o Estatuto de Bogotá, prohíbe a los concejales“ ser apoderados o defensores en los procesos en los que sean parte el Distrito, sus entidades descentralizadas o cualquier otras personas jurídicas en las que aquél o éstas tengan participación”.

Igualmente el procurador General, Alejandro Ordóñez deberá indagar los hechos y si es del caso investigar disciplinariamente al mandatario distrital Gustavo Petro. “El Despacho encuentra procedente solicitar al señor Procurador General de la Nación, para los fines pertinentes, iniciar acción disciplinaria contra el señor Alcalde Mayor de Bogotá”, precisa la decisión del Ministerio Público.