Consejo de Estado calificó como "lamentable" el caso del general Santoyo

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren calificó como “lamentable” el hecho de que el general (r) Mauricio Santoyo haya aceptado en otro país su participación en graves delitos que cometió en Colombia.

En este sentido señaló que habla muy mal del sistema de justicia colombiana el hecho de que una Corte internacional este ad portas de condenar al general después de que este aceptara su relación con grupos paramilitares en nuestro país. 

"Era una persona que tenia el honor de ser general de la República, el jefe de seguridad del primer mandatario, eso dice muy mala de la situación que viven nuestras autoridades, eso implica una reconstrucción moral de todo nuestro país", precisó el magistrado Gómez Aranguren. 

El presidene del alto tribunal consideró además que debido a la trascendencia nacional de la situación del general Santoyo, el Consejo de Estado acelelará la revisión del proceso disciplinario con el fin de emitir proximamente una decisión en este caso. "La sensibilidad de la Nación hace mucho más vulnerable cuando ocurren este tipo de episodios".

Y es que para el magistrado la extradición no puede ser la primera respuesta para condenar a las personas que hayan cometidos delitos en Colombia, manifetando que debe ser la justicia colombiana la que emita las sentencias y luego si revisar ante organismos internacionales que otros delitos se les pueden imputar por hechos precisos.

En este sentido manifestó que esto demuestra la fragilidad de nuestra justicia. "Vendrán de afuera a aplicarnos la justicia. Es muy lamentable la extradición como primera dosis de respuesta frente a los delitos de los colombianos que infringen la ley y violan los códigos. La primera respuesta la tenemos que dar los jueces colombianos y con sentencias colombianos".

Gómez Aranguren señaló además que los hechos que se registraron el pasado lunes la Corte de Virgina "desquebrajan" la confianza y la fe de la gente en sus Fuerzas Militares, puesto que los ciudadanos confían en un grado máximo en sus autoridades y no esperan este tipo de actuaciones de ellas.

“Es muy lamentable este hecho, los colombianos apostamos a nuestras autoridades, creemos en ellas, establecemos unos vínculos de buena fe y de credibilidad. Cuando se presenta todo lo contrario el resquebrajamiento es evidente y por lo tanto hay que hacer todos los análisis necesarios para quienes ejerzan el servicio público sean completamente dignas jurídica, social y éticamente”, precisó el togado.

La sanción al general Santoyo

En octubre de 2000, la Fiscalía General empezó a investigar la desaparición de dos miembros de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), que el nombre Santoyo cayó bajo la lupa de las autoridades colombianas. Mientras Santoyo era el jefe del Gaula de la Policía en Medellín (de julio de 1996 a diciembre de 2001), la sala de inteligencia de esa entidad hizo más de 1.800 interceptaciones ilegales, entre esas a las líneas de los activistas de Asfaddes.

Santoyo ya no estaba en el Gaula para la época en que los integrantes de Asfaddes desaparecieron. Sin embargo, el tema de las ‘chuzadas’ le valió una destitución en 2003 por parte de la Procuraduría. Según el Ministerio Público, el entonces teniente coronel Santoyo Velasco consintió que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las interceptaciones telefónicas con autorizaciones de fiscales falsificadas.

Para sancionar a Santoyo, la Procuraduría tuvo en cuenta varias cosas. Los fiscales cuyos nombres figuraban en las órdenes de interceptación declararon que esas firmas no eran las suyas y las pruebas de grafología lo confirmaron. Un sargento del Gaula reconoció haber entregado los documentos apócrifos a EPM y varios otros fueron enviados desde el fax del Gaula. Y se comprobó que en la sala de inteligencia del Gaula sí se enlazaron líneas privadas.

Evidencias en mano, la Procuraduría destituyó al secretario de seguridad del entonces presidente Uribe y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años, al igual que a nueve subordinados suyos. Sin embargo el exjefe de Estado, al conocer el fallo, emitió un comunicado: “Por los mismos hechos, por los cuales la Procuraduría impone la sanción, la Fiscalía General absolvió al Coronel Santoyo en agosto 29 de 2003 por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación”.

Uribe Vélez señaló que, como Santoyo había apelado la determinación disciplinaria, la Presidencia de la República iba a esperar el fallo definitivo. En noviembre de 2004 la Procuraduría ratificó la decisión. Santoyo salió del esquema de seguridad de Uribe pero siguió vinculado a la Policía mientras se conocía el resultado de la apelación del oficial ante el Consejo de Estado.

En 2006, el alto tribunal reversó la decisión de la Procuraduría, basándose en que los delitos ya habían prescrito. Santoyo había exigido en su apelación que fuera reintegrado y llamado al curso de ascenso, es decir, para general. Y así ocurrió en 2007, tras obtener el visto bueno de la junta de generales de la Policía y del Congreso.

Durante la ceremonia de ascenso En 2008 el general (r) Santoyo Velasco fue enviado a Italia como agregado de la embajada. Uribe nunca dudó de la naturaleza legal de sus actos, y en entrevistas como la que le dio a RCN Radio en febrero de 2007 expresó: “Yo defiendo al coronel Santoyo”, criticando además la sanción disciplinaria: “Dijo la Procuraduría que era su hecho del año, haber destituido al jefe de seguridad de la Presidencia”. En la ceremonia de ascenso de Santoyo, manifestó un “sentimiento de gratitud” hacia su trabajo.