Tribunal dejó en firme investidura de secretario de Gobierno de Bogotá

Por una votación de 26 contra tres, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las pretensiones del demandante y dejó en firme la investidura del secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla.

Según las primeras versiones de la decisión, el alto tribunal no encontró motivos que demostraran que Asprilla incurrió en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La pérdida de investidura fue reclamada por el concejal Durán Silva,  luego de que se conociera la denuncia hecha por El Espectador en la que se indicaba que hace 15 años Guillermo Asprilla presentó una demanda en contra del Distrito a nombre de 10 familias que habitaban cerca del relleno Doña Juana por un desastre ambiental.

Por este hecho, el 24 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación con el pago de $1.600 millones de indemnización de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre del relleno sanitario ubicado sur oriente de Bogotá. (Ver Petro dice que Asprilla salió del país en pleno proceso contra el Distrito)

El pasado 28 de agosto, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se avale la solicitud de pérdida de investidura en contra del secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla por violar el régimen de incompatibilidades cuando se desempeñó como concejal distrital.

En su intervención que duró 10 minutos, el representante del Ministerio Público manifestó que existen pruebas suficientes que permiten inferir que Asprilla no renunció al poder que tenía como abogado de un grupo de familias que habían demandando a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por la explosión del relleno sanitario de Doña Juana en 1999.

"Nunca se desvinculó ni del contrato que tiene con el apoderante en el proceso", aclaró el delegado de la Procuraduría al indicar que "en este caso si bien es cierto que otorgó una escritura de un poder general solo se arrimó al expediente el primero de junio de este año lo cual procesalmente y para efectos del proceso y para el Consejo de Estado Asprilla seguía siendo apoderado de los demandantes", precisó.

En su argumentación indicó además que pese a que el funcionario de la Alcaldía de Bogotá entregó un poder para que otro jurista representara a las familias en ningún momento el Consejo de Estado lo validó, hecho por el cual Asprilla seguía apareciendo como apoderado de las familias cuando fungía como cabildante distrital.

“Asprilla incurrió en la causal del Art. 29 numeral 2 del Decreto 142193 y por lo tanto debe prosperar las pretensiones de la demanda", precisó el representante de laProcuraduría General al final de su intervención ante la magistrada Diana Puentes.

Por estos mismos hechos Asprilla enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría Distrital.

La defensa de Asprilla

En su intervención que duró siete minutos, el secretario de Gobierno de Bogotá aseguró que presentó una sustitución del poder en el año 2007 cuando se presentó como candidato al Concejo de Bogotá.

Mismo documento fue presentado en el año 2009 y en el año 2010 cuando se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por lo que manifestó que no fue hasta marzo de este año que se enteró de que seguía figurando como apoderado de las familias de la localidad de Usme que habían sufrido daños por la explosión del relleno sanitario.

"Siempre conté con el convencimiento de que con dicho poder me había alejado de ese proceso", precisó Asprilla al indicar que todo esto se trata de una persecución política por parte de un sector político de la capital de la República. (Ver: Pliego de cargos contra Asprilla en la Procuraduría)

Asprilla aclaró que para ese mismo año "se conoció el diagnóstico de cáncer de su esposa y su posterior fallecimiento el 10 de noviembre del año 2010 (…) Yo tomé la decisión debida de abandonar toda actividad política, profesional, docente y me dediqué únicamente y exclusivamente durante los meses que van desde febrero y hasta noviembre del 2010 al cuidado de mi esposa" manifestó Asprilla.

El secretario de Gobierno, quien ha fungido en repetidas oportunidades como alcalde encargado de Bogotá, reiteró en dos oportunidades que después del fallecimiento de su esposa entregó dicho poder a una abogada y acto seguido viajó a España con el fin de hacer una maestría.

"Estuve ausente del país hasta el 17 de junio de 2010, posteriormente me posesioné como concejal y luego como director de la UAESP siempre actúe bajo el convencimiento invencible de que yo me había separado de ese proceso y de que ya no era apoderado por había cumplido los actos positivos para ello" agregó Asprilla.

Mientras tanto, su abogado aseguró que no se puede procesar a un hombre "que actuó de buena fe" puesto que después de entregar el poder no siguió actuando como apoderado de dichas familias y se alejó de todo ese proceso judicial.

El proceso contra Asprilla

La investigación disciplinaria se desprende la denuncia hecha por El Espectador (Ver: Secretario de Gobierno es demandante contra el Distrito) en la que se indicaba que hace 15 años Guillermo Asprilla presentó a nombre de 10 familias que habitaban cerca del relleno Doña Juana una demanda en contra del Distrito por un desastre ambiental.

Por este hecho, el 24 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación con el pago de 1.600 millones de pesos de indemnización de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre del relleno sanitario ubicado sur oriente de Bogotá.

Según el Ministerio Público, Asprilla a principios del 2011 también ocupó, estando inhabilitado, el escaño en el Concejo de Bogotá que dejó Roberto Sáenz, cuando todavía era el representante de las familias que demandaron al Distrito.

Sin embargo, y pese a que tenía intereses profesionales en este caso (Ver: Piden investigar conducta Guillermo Asprilla) se posesionó como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a inicios de este año durante el inicio del la administración de Gustavo Petro.

Ante esto, indica el Ministerio Público, Asprilla Coronado tenía que haberse declarado impedido para asumir este cargo, algo que no hizo, y estuvo en el cargo por más de tres meses, después de fuera nombrado como Secretario de Gobierno de Bogotá después de la renuncia de Antonio Navarro Wolf.

El organismo indica que el funcionario pudiendo hacerlo, tampoco utilizó, antes de tomar posesión del cargo de Concejal de Bogotá, el mecanismo directo de renunciar al poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

"Para la época de los hechos el señor Asprilla Coronado fungía como apoderado dentro de una Acción de Grupo que se adelanta en contra del Distrito Capital, según constancia expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en la Sección Tercera", aclara la decisión.

Según la Procuraduría, el tribunal de lo contencioso administrativo certificó que Asprilla Coronado figura como apoderado de Leonardo Buitrago Quintero y otro grupo de personas, "actuando así en favor de los intereses de los demandantes sin que se le haya revocado en ninguna ocasión el poder otorgado, por lo que posiblemente incurrió en falta disciplinaria".

El proceso será verbal y abreviado, y podría tardar entre tres y cuatro meses. Si el resultado es adverso para Asprilla, la Procuraduría podría incluso destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.

El artículo 29 del Decreto 1421 de 1993, o Estatuto de Bogotá, prohíbe a los concejales“ser apoderados o defensores en los procesos en los que sean parte el Distrito, sus entidades descentralizadas o cualquier otras personas jurídicas en las que aquél o éstas tengan participación”.

Igualmente el procurador General, Alejandro Ordóñez deberá indagar los hechos y si es del caso investigar disciplinariamente al mandatario distrital Gustavo Petro. “El Despacho encuentra procedente solicitar al señor Procurador General de la Nación,para los fines pertinentes, iniciar acción disciplinaria contra el señor Alcalde Mayor de Bogotá”, precisa la decisión del Ministerio Público.