Guerra fría entre la Fiscalía y la Policía

El director de la Policía, general José Roberto León Riaño y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

Tres procesos extremadamente sensibles tienen a la Fiscalía y a la Policía en una guerra fría no declarada oficialmente. Se trata de los casos del exdiputado Sigifredo López, el atentado al exministro Fernando Londoño y las pesquisas en contra del registrador Carlos Ariel Sánchez. Un enfrentamiento que tiene al alto Gobierno preocupado y del que ya fue enterado con pelos y señales el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

El episodio más traumático ocurrió el pasado 27 de septiembre, cuando la Fiscalía precluyó la investigación en favor de Sigifredo López. En su fallo se ordenó la realización de un acto público con la participación del fiscal Eduardo Montealegre y del director de la Dijín, general Carlos Ramiro Mena, como medida de reparación y garantía de no repetición por cuenta de un proceso judicial que se fue cayendo a pedazos. El fiscal declaró que quien indujo a error a su entidad fue la Policía.

Un escenario sin antecedentes en el país que provocó una molestia muy grande en la Policía por varias razones. Según fuentes consultadas por El Espectador, la Dijín realizó las pruebas acústicas y morfológicas que dieron pie a la publicitada captura de Sigifredo López, pero los dictámenes eran apenas orientativos y nunca concluyentes. De hecho, en el resultado de la prueba de voz se dejó constancia de que aunque había correspondencia “en los datos perceptuales y lingüísticos” entre Sigifredo López y el hombre que hablaba en el video decomisado en el computador de Alfonso Cano no había información suficiente y se carecía de datos para endilgar responsabilidades.

Por esa razón se pidió que se llevara a cabo un nuevo dictamen con todos los protocolos acústicos y tomando directamente la prueba de voz de Sigifredo López, poco después de haber sido capturado. Sin embargo, dicho examen definitivo no fue realizado por la Dijín, sino por el FBI —por petición de Sigifredo López—, razón por la cual en la Policía se sostienen en la orilla de que no es verdad que esa institución hubiera hecho equivocar a la Fiscalía. Porque además el examen morfológico también fue de carácter orientativo.

Pero hay más. Fuentes de la policía le dijeron a este diario que fue el CTI de la Fiscalía el que colaboró en la consecución de los testigos Édver Fajardo, alias Camilo, Julio César Salazar, Diego López Osorio y María Eugenia Mina, alias La Negra. Sus declaraciones, por encima de los primeros exámenes forenses de la Dijín, fueron la columna vertebral de la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General el 20 de junio pasado. Un elemento más que exhibe la Policía para sostener a pie juntillas que la equivocación no fue de ellos y que la rectificación que le exige la Fiscalía es una exageración.

El fiscal Eduardo Montealegre ya le puso fecha al acto público de reparación a Sigifredo López: el próximo 18 de octubre. El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, ya dijo que se acatará la decisión, pero dentro de la institución se hacen consultas al más alto nivel. En una reciente reunión entre León Riaño, Montealegre y el ministro Pinzón se ventilaron estas incomodidades, pero la conclusión fue que este ‘sapo’ les tocaba tragárselo a ambas entidades.

No obstante los roces se mantuvieron. Por ejemplo, el caso del atentado contra el exministro Fernando Londoño también ha sido piedra de controversia. En la Dijín dicen que su investigación fue principalmente técnica y de rastreo de llamadas para identificar a los responsables del ataque y que fue el CTI de la Fiscalía el que le hizo meter las patas al fiscal del caso. Se refieren a la captura de Mario Arturo Ramos el pasado 6 de septiembre, un sujeto que fue señalado como el autor intelectual del crimen.

Tres días después quedó claro que Ramos nada tuvo que ver en los hechos del 15 de mayo pasado que dejaron dos muertos y 51 heridos en Bogotá. Según fuentes de la Policía, fue un testigo del CTI quien hizo el reconocimiento de Ramos y por eso se ordenó su detención. En la Fiscalía sostienen que ese mismo declarante había servido para que se ordenaran las seis capturas por las que saca el pecho la Dijín. En la Policía advierten que ese yerro afectó la credibilidad de la investigación y que incluso se filtraron datos erróneos para desacreditar a la entidad. En la Fiscalía la conclusión es que al momento de la detención había evidencias que pronto cambiaron.

Y un caso más, el de la Registraduría, tiene a la Fiscalía y a la Policía en un choque de trenes que nadie reconoce. Fiscales en Cali y en Bogotá investigan una organización criminal en el organismo electoral que ya arroja ocho capturas, entre las que se encuentran las de tres exfuncionarios de esa entidad y hasta el exsenador Juan Carlos Martínez, el otrora todopoderoso congresista del Valle. Grabaciones revelaron que esta banda buscaba favorecer la candidatura a la Gobernación de Francined Cano y que Martínez habría pagado $3.000 millones para esa vuelta.

Paralelamente existen pesquisas en contra del registrador Carlos Ariel Sánchez por los delitos de concusión, alteración de resultados electorales y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Un expediente en el que hay reportes de interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva en base de datos, informe sobre su historial crediticio y propiedades a su nombre, sábanas de comunicaciones, cruces de datos y hasta información de su más cercano grupo de colaboradores. Sánchez ha dicho que se trata de una persecución porque en 2010 denunció que la Policía saboteó el sistema de conteo de votos de las elecciones al Congreso a través de hackers.

A esa conclusión llegó por informes preliminares del CTI que decían eso. Sin embargo, en agosto de 2011 nuevos dictámenes derivaron en que la entonces fiscal Luz Esmérida Blandón pidiera precluir la investigación en contra de la Policía por este caso. Durante cuatro ocasiones la audiencia para desechar el caso no se pudo hacer por solicitud de aplazamiento o inasistencia del abogado del registrador, César Guzmán. En ese momento la Fiscalía tenía la convicción de que nunca hubo un ataque de hackers a la Registraduría y en cambio sí hubo al parecer una mala ejecución de un contrato con la empresa Une por una valor superior a los $77.000 millones.

Súbitamente la fiscal Blandón salió de su cargo y su reemplazo hace pocos días pidió retirar la solicitud de preclusión de ese proceso. Como quien dice, la última palabra sobre las denuncias del registrador aún no se ha dicho. Este episodio volvió a crispar los ánimos entre la Policía y la Fiscalía. Cada uno desde su orilla se defiende con los dientes y acusa. Aunque El Espectador intentó hablar con el director de la Dijín, el general Mena, no fue posible ubicarlo. En cambio quien sí respondió fue la directora del CTI, Maritza Escobar.

Lo primero que dijo es que a la Policía “los tiene muy mortificados que el fiscal, en un acto noble, haya salido a decirle a Colombia que debía pedir excusas por el caso Sigifredo. Sé que eso los tiene molestos. Pero no entiendo por qué, si somos seres humanos y nos equivocamos”. De acuerdo con ella, sí fue la Policía la que hizo equivocar a la Fiscalía, como se constató en el proceso, y que el CTI “no hizo ninguna prueba en ese proceso, con excepción de tramitar la prueba que hizo el FBI”.

Incluso sostuvo que la Policía fue la que acompañó el proceso de toma de testimonios de los exguerrilleros que declararon contra el exdiputado. Otra fuente de la Fiscalía resaltó que esas pruebas las obtuvieron con ayuda del CTI. Sobre el caso de la captura errónea en el proceso por el ataque contra Fernando Londoño, la directora Maritza Escobar añadió que ese controvertido testigo también colaboró en la detención de los otros integrantes de la banda que judicializó la Policía. Pero que luego aparecieron otras evidencias que lo exoneraron de cualquier responsabilidad.

Finalmente, sobre el expediente de la Registraduría, Escobar señaló que hay nuevos elementos probatorios que hicieron que se retirara la solicitud de preclusión en favor de la Policía y que intuye que eso pudo causar malestar en esa institución. A manera de conclusión dijo: “Estoy convencida de que no tenemos ningún tipo de rencores ni de guerra fría. Si ha habido alguna inconformidad, debe manejarse con humildad. De lo contrario se lesiona el interés de la justicia. Si la relación está fracturada es por parte de ellos. Aquí no hay rencor”.

No hay duda de que algo anda mal entre la Policía y la Fiscalía, ambas instituciones batallan a la sombra para defender su trabajo. El gobierno Santos lo sabe y trata de buscar puentes para arreglar estos impasses. El Ministerio de Defensa está en una encrucijada. Ver al director de la Interpol en Colombia pidiendo excusas por el yerro del expediente del exdiputado Sigifredo López tiene a todos haciendo cuentas. Las recriminaciones mutuas poco ayudan en este ambiente polarizado. Por lo pronto queda claro que hay una guerra fría no declarada.

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