'Justicia transicional no es impunidad'

Miguel Samper Strauss, viceministro de Justicia y director encargado de Justicia Transicional. / Luis Ángel

Miguel Samper Strouss fue nombrado recientemente viceministro de Justicia. Venía de la Dirección de Justicia Transicional que mantendrá en encargo hasta que se nombre un nuevo director. En entrevista con El Espectador, Samper Strouss habla de la modernización de la justicia y de la experiencia de Justicia y Paz como modelo de justicia transicional que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de negociar con las Farc.

Hace unos meses había consenso general en cuanto a la necesidad de una reforma a la justicia, pero luego del incidente de la conciliación del tema no se habló más...

La reforma constitucional hacía énfasis en un problema de estructura y no procedimental. En ese sentido, la reforma era una de las patas que necesitábamos para acercar la justicia al ciudadano, acelerar los trámites y descongestionarla. A pesar del hundimiento del acto legislativo, fueron aprobados el Código General del Proceso, el nuevo Código Contencioso Administrativo y el Estatuto de Arbitraje. Con esas tres patas se modernizaron los procesos de la justicia. Lo que ahora corresponde es implementar modelos de gestión para que estas reformas tengan un verdadero impacto; por ejemplo, la justicia comunitaria va a cobrar un papel preponderante en la intención de acercar la justicia al ciudadano. Entonces, no creo que el Gobierno haya pasado la página.

En descongestión judicial, ¿qué medidas se han tomado?

Se activó la Comisión del Proceso Oral, para darle vigencia al proceso que se adoptó y a los nuevos códigos. Segundo, se está modernizando el sistema de información mediante mecanismos tecnológicos. Tercero, nos estamos reuniendo con instancias privadas, como bancos y cadenas de crédito, para que se pueda descongestionar la justicia evitando la remisión de todos los procesos a la Rama Judicial. Y cuarto, la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Ahora, con un proceso de paz ad portas de iniciarse, cobra vigencia la necesidad de revisar Justicia y Paz. ¿En qué va eso?

Justicia y Paz no ha sido un fracaso, así algunos lo piensen. Hay infinidad de temas que son un rotundo éxito, como el esclarecimiento de un sinnúmero de hechos, de los que sin ese proceso la sociedad colombiana nunca hubiera sabido. Pero también es cierto que no ha respondido a las expectativas de las víctimas. En este momento está cursando en el Congreso una propuesta de ley elaborada por la Fiscalía, en la que se busca darle celeridad a Justicia y Paz y dientes a la Fiscalía para que pueda perseguir los bienes de los desmovilizados. Si bien el escaso número de sentencias ha sido una queja constante, ese no debe ser el parámetro de evaluación de la ley, porque en este momento se está condenando a los cabecillas de los bloques y después vendrán imputaciones frente a los patrones criminales. Así que las sentencias que vienen ahora a los mandos medios van a salir muy rápido.

Pero lo que muchas personas queremos saber es si los desmovilizados que no han cumplido perderán los beneficios de ley...

Hemos insistido en una disposición que no estaba contenida en el proyecto inicial y que consiste en que, aprobada la reforma, a quienes no devolvieron los bienes y no cumplieron se les revocan los beneficios, y el período para que esto ocurra no son los ocho años de la pena alternativa sino los 40 de la ordinaria.

Pero, sin duda, el inicio de un proceso de paz con las Farc afecta al proceso que se lleva con los paramilitares...

Lo que en este momento se está haciendo con la reforma es lograr que jurídicamente se cumplan los acuerdos que se hicieron con los paramilitares, ya que sería un mensaje muy negativo no hacerlo. Pero, también, lo que se negoció en su momento fue lo que quedó en la norma y a eso tenemos que atenernos.

¿Y usted cree, como experto en justicia transicional, que pueda haber un verdadero proceso de reconciliación sin incluir al sector que representa el paramilitarismo?

En los casos comparados de justicia transicional, el ideal es que en la mesa de negociación se sienten todos los actores del conflicto, pero para aplicar esto al año en que se negoció es imposible. Con ellos ya se negoció. Ahora hay que negociar con los grupos que aún están alzados en armas. En este sentido, el modelo de Justicia y Paz es el que tiene que seguir.

¿Cuáles de los errores que se cometieron con los ‘paras’ no se deben repetir con las Farc?

Frente a los temas de negociación, el único vocero es Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz. Desde la perspectiva de diseño de Justicia y Paz, el error fue que alrededor de la pena alternativa se presumió que se iban a materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Así que el esquema debería hacerse al revés, es decir, el eje cardenal deben ser los derechos.

¿Qué es la justicia transicional?

Los mecanismos que permiten que un país le haga frente a un legado de violaciones graves a los derechos humanos para hacer tránsito hacia una paz duradera y estable.

Hay teóricos que la han definido como un conjunto de elementos para aprender a digerir los sapos que hay que tragarse...

La justicia transicional no conduce a la impunidad. Es una justicia normal que se aplica a situaciones anormales e implica hacer un balance entre verdad, justicia y reparación. Y ese balance depende del país en el que se aplique. Cada vestido de justicia transicional tiene que adaptarse a la talla del país que lo va a usar. Lo que tenemos que enfrentar como gobierno y sociedad es qué grado de justicia estamos dispuestos a sacrificar para obtener una mayor verdad y reparación...

¿Y los miembros de la Fuerza Pública que cometieron crímenes también tendrán beneficios de justicia transicional?

En justicia transicional los derechos no gravitan sobre beneficios, es decir, si la Fuerza Pública accediera a la justicia transicional no sería por el ideal de brindarles una justicia reducida sino para materializar los derechos a la justicia, verdad y reparación de sus víctimas.