El rompecabezas del carrusel

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Emilio Tapia está buscando consolidar un acuerdo con la Fiscalía.

Novela Law, una firma de abogados con oficina en la avenida Brickell de Miami (Florida), especializada en transacciones comerciales o de bienes raíces nacionales e internacionales, relacionada con bufetes en Latinoamérica y Europa, era la corredora de bolsa del carrusel de la contratación en Estados Unidos. Así se lo hicieron saber varios testigos a la justicia que aportaron documentos para probar cómo los dineros del millonario desfalco al Distrito fueron a parar a inversiones, a cuentas y a bienes inmuebles en Norteamérica. El cálculo, por lo bajo, es de unos US$20 millones. “Esa plata está todavía allá y no se ha podido mover”, le dijo a este diario un investigador de la Fiscalía.

Varios documentos en poder de El Espectador revelan inversiones en proyectos en Estados Unidos del detenido exsenador Iván Moreno Rojas y del condenado contratista Julio Gómez y su esposa Janeth Arévalo. En este último caso, en dos cuentas de cobro, se factura por los servicios prestados como sus agentes de bienes raíces de un apartamento en Miami. Igual ocurre con Moreno Rojas en documento fechado el 1° de abril de 2010 (ver facsímil). La ruta del dinero del carrusel, que fue trasladado a Estados Unidos, estaba siendo rastreada por el fiscal José Ricardo González, relevado este jueves de su cargo luego de que se le pidiera la renuncia.

Su salida provocó extrañeza, pero rápidamente la Fiscalía dio a entender que se buscaba darle un nuevo impulso al accidentado expediente y ese mismo jueves se anunció que al exalcalde Samuel Moreno le serían imputados dos nuevos delitos: enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Sin embargo, las preguntas continúan rondando esta decisión, porque González estaba terminando de estructurar seis imputaciones contra tres concejales y tres exconcejales, así como al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano. Al tiempo se adelantaban pesquisas contra Lucy Luna de Moreno, esposa de Iván Moreno, por concusión; nuevas imputaciones contra los primos Nule y averiguaciones sobre las posibles fichas políticas del exalcalde Moreno en los hospitales del Distrito.

En cuanto a las negociaciones que adelanta Emilio Tapia con la Fiscalía desde hace más de un año, al fiscal González lo habían desplazado en los últimos tres meses, ad portas de concretarse un principio de oportunidad para que encendiera su ventilador. De hecho, dos asesores del vicefiscal Jorge Perdomo se apersonaron de los diálogos mientras la interlocución de González con Perdomo era prácticamente inexistente. Además, en el despacho del vicefiscal, según pudo constatar este diario, está desde hace tres meses el último borrador de la imputación contra el abogado Álvaro Dávila.

Aparte del caso del exsecretario Héctor Zambrano, que estaba casi listo por cuenta de las graves irregularidades halladas en el contrato del servicio de ambulancias, por $67 mil millones, otros frentes en materia del saqueo a la salud estaban siendo explorados por el fiscal González. Por ejemplo, lo relacionado con millonarios subsidios para tratamientos de VIH, adjudicados a contratistas a dedo, o las concesiones que se dieron en las unidades de cuidados intensivos de Bogotá. Ni qué decir con lo ocurrido con la EPS Capital Salud, señalado brazo de las andanzas contractuales del cartel, o con hospitales como el Simón Bolívar o Meissen, escriturados, tal parece, a algunos concejales.

Otra de las bitácoras fundamentales de las pesquisas de la Fiscalía es un cuadro en Excel sobre el mapa de las contrataciones. Contiene los millonarios valores de las obras, adiciones, comisiones, observaciones, referencias y pagos a los enlaces del cartel. El documento también está en poder de El Espectador. Hasta lo que había podido revisar el organismo investigador, al margen de lo ya documentado en malla vial, los contratos sumaban $382 mil millones, de los cuales se repartieron casi $50 mil millones en los asuntos propios del ‘engrase’ administrativo.

Hasta esta semana, los cabildantes y excabildantes que serían imputados por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos eran Andrés Camacho Casado, por supuestas irregularidades con dineros de fondos de desarrollo local; Édgar Torrado, por contratos de alimentos; Orlando Parada, por su injerencia en el Fondo de Vigilancia y contratos de cámaras de seguridad; Hipólito Moreno, por su presunta participación en coimas de la Secretaría de Salud; Fernando Rojas, por su posible influencia en la Caja de Vivienda Popular, y Jorge Durán, por su señalado manejo del Acueducto de Bogotá.

Sobre esta última entidad, la Fiscalía estaba documentando denuncias que relacionaban al concejal Antonio Sanguino con el carrusel con el fin de que, a cambio de burocracia en el Acueducto, cesara sus debates en contra del festín de corrupción que allí se evidenciaba en cabeza de Andrés Cardona. Este contratista es íntimo de Iván Moreno y no había contrato que pasara sin su filtro. “El gerente recibía instrucciones de un listado enviado por Yuri Chillán (entonces secretario general de la Alcaldía) y Cardona le ponía la cifra que Fernando Ulloa, gerente del Acueducto, tenía que darles en contratos a los concejales que estaban en la coalición de gobierno”, le dijo a este diario un investigador.

Cardona llegó a hacerse a millonarios contratos y al mismo tiempo a controlar las interventorías de éstos a través de consorcios de su confianza. Uno de los negocios que estaban bajo la lupa del exfiscal González era el del túnel Tunjuelo–Canoas por un valor cercano a los $260 mil millones. El manual de contratación del Acueducto permitía la contratación a dedo por sumas de hasta $500 millones. “Los concejales, una vez conocían el tipo de contrato que se ejecutaría hasta ese tope, aportaban tres firmas, que es lo que se exige, y decían a cuál se le debía adjudicar. Las demás empresas solamente figuraban como relleno”, sostuvo ante la Fiscalía uno de los delatores del cartel.

En la Secretaría de Integración Social también se revisaba con lupa un contrato por $43 mil millones adjudicado a una de las empresas que supuestamente controlaba el concejal Édgar Torrado y su hermano Efraín Torrado, hoy senador. Dicho contrato se habría realizado a través de un convenio con Colsubsidio y Carrefour para evadir el proceso licitatorio. De igual forma, en la Empresa de Renovación Urbana se adelantaban pesquisas para establecer si una consultoría del proyecto Ciudad Salud, valorada en $4.600 millones, le fue entregada al concejal Jorge Salamanca.

En el expediente de Álvaro Dávila figuran contratos de interventoría del mantenimiento vial con su firma de abogados, por un monto igual al 10% del valor de estas obras. También se contrastaron las fechas de viaje de Dávila a Miami entre 2009 y 2010 que coincidían con las de Emilio Tapia e Iván Moreno. De esta manera se cruzaron datos de reuniones permanentes llevadas a cabo asimismo en la oficina de Dávila, a las que asistieron Tapia, Julio Gómez, Andrés Cardona, Iván Moreno y hasta el abogado Manuel Sánchez. Según se deriva de las delaciones en el proceso, a Dávila también le endilgan el manejo de la Secretaría de Movilidad, los contratos de semaforización y la Unidad de Servicios Públicos (Uaesp) a través de su presunta delegada Viviane Virviescas.

De otro informe, al que tuvo acceso El Espectador, se derivó el reporte de las últimas averiguaciones para desentrañar todos los secretos del carrusel. Por ejemplo, la esposa de Iván Moreno, Lucy Luna, fue llamada a interrogatorio para que explique su participación en la supuesta exigencia de Moreno al Grupo Nule para que en la autopista Bogotá-Girardot se pusieran dos estaciones de servicio de gasolina que serían administradas por ellos. Del mismo modo, se venían nuevas imputaciones contra Julio Gómez y Manuel Sánchez por el contrato de construcción de una torre del Hospital de Meissen, y hasta archivos en los procesos seguidos contra los concejales Severo Correa, Ómar Mejía, Fernando López y Julio César Acosta.

Son demasiados los cabos sueltos del carrusel. La negociación de la Fiscalía con Emilio Tapia no termina de cuajar a pesar de su colaboración informal desde hace más de un año. De la imputación de Álvaro Dávila nada volvió a saberse. Los abogados de Tapia insisten en que su información es tan valiosa y documentada que la justicia no puede seguir alargándole un acuerdo. En la Fiscalía no están muy convencidos de eso y ofrecen carcelazos de hasta más de 10 años. El exfiscal González, que articuló durante los últimos 16 meses las pruebas para continuar develando los alcances del cartel, ya no está. Sin saberse su reemplazo, el alcalde Gustavo Petro anda más inquieto que nunca en su calidad de denunciante. La Fiscalía promete el impulso del proceso, pero es claro que intereses cruzados siguen generando ruido.

En Twitter: @jdlaverde9