Resolver el paro judicial costaría un billón de pesos

Policía reclama que detenidos por crímenes graves están quedando en libertad. Jueces que apoyan el paro responden que algunos juzgados han seguido funcionando para no entorpecer la justicia.

Mañana habrá una marcha nacional de funcionarios judiciales. / Luis Ángel
Mañana habrá una marcha nacional de funcionarios judiciales. / Luis Ángel

Dos tensas semanas se cumplen hoy desde que la Rama Judicial, con sus más de 41.000 funcionarios, se declaró en cese de actividades por cuenta de una nivelación salarial establecida en la Ley 4 de 1992, pero, reclaman jueces, fiscales y auxiliares de todos los grados, nunca ejecutada. Son 20 años de incumplimientos que han creado un abismo entre este poder público y el Ejecutivo, el cual para sanearse hoy representa un billón y medio de pesos.

La pelea, sin embargo, ya no es ni siquiera cuánto cuesta llevar a cabo la nivelación, porque, al fin y al cabo, existe una ley que indica que ésta se debe realizar. La pelea radica en el cuándo. Asonal exige que, como máximo, los ajustes de sueldos se hagan en un período de tres años. El Gobierno respondió inicialmente que en 20. Asonal refutó. El Gobierno dijo que en 15. Y de esa cantidad de años no se ha movido, porque, como indicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, “una meta de tres años es imposible de cumplir si atendemos las normas de sostenibilidad fiscal”.

“Por eso es que nos paramos de la mesa. Podríamos aguantar hasta cuatro años, pero es que, ¿15? ¿20? Ya estamos muy viejos para esperar tanto”, reclamó María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. “Para lograr la nivelación salarial en un plazo de tres años tendrían que crearse nuevos impuestos, y a negociar esa posibilidad no está dispuesto el Gobierno. Es insostenible e irresponsable”, sostuvo Miguel Samper Strouss, viceministro de Justicia.

El lío en buena parte radica en el hecho de que este es el paro de una Rama Judicial fraccionada. En primer lugar porque, como lo ha documentado el Consejo Superior de la Judicatura, sólo unos cuantos han sido los beneficiarios de las nivelaciones salariales. En 2007 los sueldos de los magistrados de altas cortes, los magistrados de tribunales seccionales y los abogados asesores de estas corporaciones fueron incrementados un 36%. Mientras tanto los oficiales mayores, los relatores, los sustanciadores y los secretarios de tribunales y consejos seccionales no recibieron incremento alguno entre 1995 y 2011 para alcanzar la nivelación de la que habla la ley.

En los últimos años, mientras el Presupuesto General de la Nación se ha triplicado, el presupuesto de la Rama Judicial apenas se ha duplicado. Según analizó el Consejo Superior de la Judicatura, los salarios de los cargos más bajos de la Rama Judicial “tienden a ser cercanos a los del sector privado e incluso superiores”. No ocurre lo mismo en los cargos de las más altas posiciones en la Rama: “Los salarios son muy superiores a sus correspondientes en el sector privado”.

En segundo lugar, los fiscales también están luchando porque sus salarios sean nivelados de acuerdo con la Ley 4ª de 1992. “Pero la Asociación Nacional de Fiscales no está ni siquiera en la mesa de negociación, no nos toman en cuenta”, refutó William Pacheco, fiscal y representante de esta agremiación. El funcionario señaló que “se están burlando de la Ley 4ª” y teme que, en nombre de esta nivelación, se haga una “masacre laboral”. Pacheco resaltó además que a los fiscales los aqueja también el exceso de carga de trabajo: un fiscal, en promedio, maneja 800 expedientes. “Somos los penúltimos en eficiencia, pero no dicen por qué”, alega.

Puede que los reclamos no sean homogéneos. Aún así, Asonal sigue en paro en nombre de todos sus afiliados. “Indigna la declaración de la ministra”, le dijo a este diario Nelson Cantillo, uno de los dos presidentes del sindicato de la Rama, luego de que Ruth Stella Correa hubiera manifestado que es “absolutamente costoso” conseguir la nivelación de salarios de tanta gente. La ministra, por su parte, insiste en que esta puede ser la mejor oferta que hayan recibido los funcionarios judiciales, argumentando que Juan Manuel Santos es el primer presidente que “ha aceptado ese derecho”. Derecho que, valga recordar, estaba establecido desde 1992.

Algunos altos oficiales, como el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Mariano Botero, han señalado que por cuenta del paro en la ciudad están quedando libres el 40% de los capturados. Según Botero, las órdenes de arresto y los actos delictivos en flagrancia derivan en 150 detenciones diarias, promedio, pero el cese de actividades de jueces “ha afectado la seguridad de la capital del país” porque hasta “están quedando libres los homicidas”.

Los jueces, sin embargo, niegan esa afirmación. Desde el inicio del paro, en Bogotá y otras ciudades del país, se determinó que ciertos juzgados, sobre todo los de control de garantías, seguirían funcionando para así no entorpecer las labores de la justicia. “En Bogotá, por ejemplo, los jueces están legalizando capturas y avalando medidas de detención preventiva en Puente Aranda. No es cierto que los asesinos y los violadores estén saliendo libres. La Policía sabe cuáles son los juzgados que siguen funcionando, no es culpa de los jueces si los detenidos no son llevados a donde tienen que ser llevados”, arguyó el juez penal Carlos Alberto Moreno.

Para mañana está programada una marcha en todo el país. La Rama Judicial insiste en que la nivelación salarial ocurra pronto; el Gobierno, en que el dinero para hacerlo no está. No se sabe aún cuál será el punto intermedio para resolver este enfrentamiento de poderes públicos y, al cierre de esta edición, no se había producido aún la alocución presidencial anunciada por Juan Manuel Santos.