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Judicial 25 Oct 2012 - 11:50 am

Carrusel de la contratación

Víctimas le pidieron a la Fiscalía ubicar los bienes de todos los implicados en el "carrusel"

Con esto se busca garantizar la reparación económica en los procesos por las irregularidades en la contratación vial.

Por: Elespectador.com
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El abogado Daniel Ernesto Prado, quien representa los intereses del Distrito en los proceso por el carrusel de la contratación, aseguró que ya se hizo la solicitud formal a la Fiscalía para que ubique todos los bienes de los implicados en este escándalo.

El jurista manifestó que en la petición se indica la necesidad de rastrear y localizar en el país y si es necesario en el exterior los bienes de los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, entre otros implicados con el fin de garantizar la reparación económica.

"Nos toca buscar y el debe comprometerse, si el tema es de verdad, debe decir quien se apropio de los dineros y contratos, cuales son las propiedades que hay en Estados Unidos, frente a los bienes de todo el mundo, es materia que se debe establecer", indicó el jurista en entrevista con La FM.

Igualmente el abogado denunció que la Fiscalía los ha excluido en el proceso de negociación del preacuerdo con Emilio Tapia, del cual se espera que se concrete en las próximas semanas. (Ver Emilio Tapia y Fiscalía avanzan en arreglos para alcanzar preacuerdo)

Ante esto manifestó que el Distrito al ser víctima en este proceso se debe tener en cuenta su posición con el fin de lograr que todas las partes logren sus intereses de verdad y reparación en estos casos.

Igualmente se conoció que la Fiscalía prepara una nueva imputación de cargos contra Emilio Tapia por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

Sin embargo se ha podido establecer que estos cargos entraran en una negociación para lograr un principio de oportunidad y cargos en los que se suspendería la acción penal mientras entrega información de importancia sobre la investigación del carrusel de la contratación en la capital del país.

Tapia de la misma manera acepto los términos del preacuerdo señalados por el ente acusador aceptado pagar una pena de 13 años de prisión domiciliaria.

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