'Tribunal de Yugoslavia va a asesorarnos'

Alejandro Ramelli fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Llegó hace seis meses a la Fiscalía. Es también profesor universitario de los Andes y la Santo Tomás. / Gustavo Torrijos

Crear un comité y unas pautas para priorizar casos según su impacto, sistematicidad o responsables. Formar una unidad dedicada a reconstruir planes criminales y a detallar los contextos en los que éstos surgieron. Con esas dos complejas ideas por ejecutar, el fiscal general, Eduardo Montealegre, se ha propuesto transformar la manera de investigar de la Fiscalía, sosteniendo que la razón es más pragmática que otra cosa: el alcance de ciertos grupos ilegales han desbordado la capacidad del Estado y por eso el órgano investigador tiene que cambiar de estrategia.

La recién establecida Unidad de Análisis y de Contexto (Unac) quedó en manos de un abogado externadista que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el conflicto armado, la justicia y el DIH. Alejandro Ramelli Arteaga afronta el reto de sacar adelante un grupo que no sólo tendrá fiscales, sino historiadores, politólogos, geógrafos y hasta matemáticos. En entrevista con este diario, Ramelli afirma que a la Fiscalía le ha faltado trabajo más técnico para estudiar qué casos pueden ser de lesa humanidad, explica por qué la Unac no traduce Comisión de la Verdad y revela la lista de temas con la que empezarán él y su equipo a trabajar.

¿En qué asuntos se va a enfocar inicialmente la Unidad?
El Comité de Priorización nos ha enviado 12 temas para arrancar: el carrusel de la contratación, regalías, desplazamiento forzoso, corrupción en la DIAN, violaciones de derechos humanos con posible participación de agentes estatales, irregularidades en la DNE, reclutamiento de menores, violencia contra sindicalistas, violencia sexual en el marco del conflicto, falsos positivos, exterminio de la Unión Patriótica y algo que se ha denominado el “Gran Urabá”. Pero lo importante no es la Unidad sino el nuevo sistema de investigación que se está implementando.

¿Eso quiere decir que la Unac tampoco nos resolverá las dudas pendientes sobre la paraeconomía?
Puede ser que, por ejemplo, en la investigación del Gran Urabá obtengamos esa información. Lo que pasa es que esta Unidad no va a ser temática, como casi todas en la Fiscalía. Vamos a identificar organizaciones y los delitos que éstas han cometido, delimitados geográfica y temporalmente. Puede ser que al examinar el Gran Urabá entendamos las relaciones que las empresas privadas entablaron con los paramilitares, cómo éstos lavaban dineros, pero esos aspectos no se pueden separar de un marco de violencia que va más allá de la llamada ‘paraeconomía’.

¿Qué tan fácil será escudriñar la responsabilidad de agentes estatales en crímenes?

Todos esos temas tienen dificultad, pero ya existen cerca de 2.000 investigaciones.

¿Qué pasaría si ustedes encuentran que sí hubo patrones criminales en el exterminio de la UP? ¿O en los falsos positivos?

No se pueden anticipar los resultados de la investigación, pero el objetivo sí es determinar si existieron o no patrones criminales. Y si existieron, hay que entrar a mirar la responsabilidad de los superiores.

Pero en Colombia nunca ha sido fácil confrontar la responsabilidad del Estado en ciertos crímenes.

Nadie dice que sea fácil, pero es la forma seria de hacerlo. Si uno construye con expertos los contextos y llega a esas conclusiones, ya será trabajo de los jueces evaluar la información presentada. Lo que creo es que a la Fiscalía le han faltado este tipo de herramientas para poder decir con un elevado grado de certeza qué fue lo que pasó.

Ustedes quieren inspeccionar el tema de falsos positivos, pero si el fuero militar se aprueba, y siguen sin considerarse de lesa humanidad, estos casos ya no llegarán a la Fiscalía.

No me atrevo a hablar de eso, es mejor que le pregunte directamente al fiscal general. Lo que sí puedo decir es que para que una ejecución extrajudicial o cualquier crimen pueda ser considerado de lesa humanidad hay que reconstruir el contexto. Si no, es hablar carreta.

¿Para qué le sirve a la Fiscalía tener una Unidad que reconstruye contextos?

Los contextos son los que permiten de manera técnica determinar si un crimen, por ejemplo, encaja con la categoría de lesa humanidad. Uno no puede salir a afirmarlo folclóricamente, porque es la identificación de patrones y de planes criminales lo que le permite a la Fiscalía pasar de una intuición a una prueba judicial seria.

¿Y cómo ha venido haciéndolo la Fiscalía entonces?

Creo que más intuitiva que técnicamente. Muchas veces las pruebas judiciales apuntan a un hecho específico y no a un contexto general, a un plan macrocriminal. Que la Fiscalía cuente con un grupo dedicado a esta tarea es una cosa más científica, más argumentada, para el momento de presentar las imputaciones ante los jueces de la República, que son quienes deciden finalmente si un caso es o no de lesa humanidad.

¿Cuál es la diferencia entre la Unac y una Comisión de la Verdad?

Que nuestro principal objetivo, más allá de aportar una dosis de verdad importante, es imputar cargos. Seguramente la Unidad le dejará otros beneficios a la sociedad colombiana, como reconstruir la historia, pero la diferencia es que nuestro propósito es identificar a máximos responsables de episodios específicos.

¿Cuánta gente y quiénes integrarán su equipo?

El fiscal general ha dicho que unas 250 personas integrarán la Unidad, estamos en las primeras contrataciones. Los analistas serán politólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, historiadores, matemáticos, especialistas en estadística y geógrafos, coordinados por Gina Cabarcas, una abogada e historiadora de Yale. El grupo de fiscales estará liderado por Misael Rodríguez, el mismo que coordinó las investigaciones de las ‘chuzadas’.

¿Hay antecedentes similares en el mundo?

Hay modelos para diferentes finalidades. La Corte Penal Internacional (CPI) tiene una unidad de análisis para saber si abre situaciones de países, hablamos con ellos. El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (Tiay) tiene uno, también estuvimos hablando con ellos.

¿Cuál fue el resultado de la charla con la CPI y el TIAY?

En la CPI hablamos con el jefe de fiscales; en el TIAY, con el jefe de los analistas y de los fiscales. Les gustó mucho la idea y quedaron de venir a ayudarnos.

¿Quiénes vienen?

Los del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Ellos dijeron que vendrían y nos ayudarían en lo que pudieran, para explicarnos cómo hicieron ellos para reconstruir los contextos de la violencia que se vio en los Balcanes en la década de los 90. Tenemos que cuadrar fechas para enviarles la invitación oficial.