¿Por qué a las Bacrim se les considera simplemente bandas criminales?'

Los grupos armados “mal llamados Bacrim” cuentan con mandos jerárquicos, capacidad para reclutar y entrenar, habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio. Esos argumentos, señala el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, son más que suficientes para dejar de considerarlos “simplemente” bandas criminales o redes delincuenciales.

Todas esas condiciones, expuestas por Otálora en una comunicación enviada al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón con el rótulo de “urgente”, son las que el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra describe como características de una parte armada en un conflicto interno. En otras palabras, el defensor le dijo al ministro Pinzón por qué cree que las Bacrim sí son mucho más que delincuencia.

Sin embargo, continúa el defensor del Pueblo, el término Bacrim “desconoce la naturaleza de tales organizaciones, su estructura y modus operandi (…) su accionar violento conculca gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos”, señaló Otálora. Palabras que tienen aún mucho más sentido después de que, la semana pasada, una de esas bandas criminales masacrara a 10 campesinos en Santa Rosa de Osos (Antioquia).

De acuerdo con el alto funcionario, calificar a las Bacrim de delincuencia también ha influido negativamente en la respuesta del Estado, pues el Ejército estaría valiéndose de un “vacío jurídico” para designar la labor de enfrentar a estos grupos a la Policía. La escalada de violencia en el país ha aumentado pero, advirtió Otálora, las autoridades nacionales, regionales y locales sólo proponen medidas formales sin mayor impacto.

Con su comunicado, Otálora dejó en evidencia nuevamente que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es bastante eficiente a la hora de detectar posibles escenarios de violencia, pero resulta siendo una instancia sin dientes a la hora de hacer algo al respecto. Basado en varios informes de riesgo del SAT, Otálora le pidió al ministro Pinzón que acatara las recomendaciones señaladas en dichos informes.

Otálora le pidió también a Pinzón que convocara con prontitud al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas, del que hacen parte esa cartera, el Ministerio del Interior y otros departamentos gubernamentales. Para el defensor, es apremiante que “se analice la problemática” pues, en las 30 páginas de la comunicación hacia el ministro, Otálora señaló que en distintas partes del país la violencia sigue creciendo.

El nordeste antioqueño; las comunas de Medellín; el Catatumbo; las comunidades indígenas del Cauca, el centro del Valle del Cauca; el bajo San Juan y Bajo Atrato en Chocó; el alto Sinú y el alto San Jorge; Guainía; Guaviare; Cundinamarca; todas son zonas donde se han detectado graves violaciones de derechos humanos. Para el defensor, es clave intervenir en este tema en el menor tiempo posible, pues mientras el Gobierno se niega a identificar a las Bacrim como actor armado, éstas siguen afectando a la población civil como si lo fueran.