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Judicial 18 Nov 2012 - 9:00 pm

Petrolera asegura que desconoce la acción legal

Ecopetrol enfrenta caso por homicidio

Denuncia de Abelardo de la Espriella en contra de la empresa señala que el incendio por el daño del poliducto en Dosquebradas, que dejó seis personas muertas, pudo haberse evitado.

Por: Viviana Londoño Calle
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La explosión del poliducto de Dosquebradas destruyó 38 casas. / Archivo

“Ninguno alcanzó a salir de la casa. El olor a gasolina era tan fuerte que los mareó y no pudieron salvarse. Estaban mi papá, mi mamá, una sobrina, el esposo de otra sobrina, un niño de dos años y un amigo de la familia. El fuego lo consumió todo. Han pasado casi 11 meses y Ecopetrol sigue sin tener en cuenta los daños morales”. Así recuerda Albeiro Guerrero la tragedia que sacudió a su familia el pasado 23 de diciembre con la explosión del poliducto de Ecopetrol, en el sector de Villa Carola en Dosquebradas (Risaralda), que destruyó el barrio y dejó casi 100 heridos y 33 muertos.

Esta es la misma versión que da al responder por qué se negó a conciliar con Ecopetrol —como lo han hecho varias de las víctimas— y por qué le otorgó, junto a otros 13 familiares de los fallecidos, un poder al abogado Abelardo de la Espriella para que los represente en un proceso penal contra la petrolera.

Inicialmente se plantearon dos hipótesis frente a las causas que generaron la ruptura del poliducto: la primera apuntaba a una posible fuga de gasolina ocasionada por robo de combustible; la segunda, a que el tubo se rompió por culpa de un deslizamiento de tierra, generado por la temporada invernal. Sin embargo, ambas versiones fueron desmentidas meses después por una investigación que adelantó la Contraloría General de la República.

Para el ente de control, lo que sucedió en Dosquebradas fue el resultado de “una omisión en el mantenimiento del poliducto”, labor que era responsabilidad de la petrolera para prever y evitar el riesgo del daño en la tubería. Más aún, teniendo en cuenta que una explosión similar había ocurrido ocho años atrás.

Basado en esos hallazgos, el abogado Abelardo de la Espriella instauró una denuncia en contra del presidente y los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, como presuntos responsables de la muerte de Carlos Arturo Guerrero y Flor de María Julián, padres de Albeiro Guerrero. En la denuncia penal los señala como coautores de homicidio a título de dolo eventual.

El documento, radicado el pasado 16 de agosto en la Fiscalía de Pereira, enfatiza que “los denunciados conocían las circunstancias externas, que elevaban el nivel de riesgo de una nueva explosión”. En este punto la denuncia se refiere a los múltiples avisos en medios de comunicación por el aumento de las lluvias y el previo conocimiento que tenía la empresa sobre posibles robos, lo que hacía urgente su mantenimiento del poliducto. “Los denunciados fueron indiferentes al peligro que representaba su conducta para los bienes jurídicos de la vida e integridad personal de los habitantes del barrio, a pesar de los múltiples elementos de juicio que les permitían advertir la inminencia del resultado delictivo”.

Esta denuncia se suma a dos anteriores, interpuestas también por De la Espriella con el fin de que Ecopetrol responda por los delitos de daño en bien ajeno, contaminación ambiental de la quebrada Aguazul y lesiones personales con deformidad física.

Al ser consultada por El Espectador, la petrolera asegura que no ha sido notificada de la denuncia y que por el momento no va a pronunciarse al respecto. Sin embargo, Jaime Bocanegra, gerente del programa Dosquebradas, le dijo a este diario que desde que se presentó el incidente, Ecopetrol ha acompañado a los afectados y creó el programa Dosquebradas para repararlos: “Además, de todo el acompañamiento médico, se entregaron bonos de $500.000 pesos por cada persona que perdió sus bienes, tanto a heridos como a los que perdieron su ropa y su calzado”. Según Bocanegra, la idea es restituir el tejido social.

De acuerdo con el censo de Ecopetrol, fueron 38 las viviendas destruidas por la explosión y ya se concilió con 36 propietarios. “Primero, se hizo el avalúo del inmueble y después se procedió a hacer el pago en efectivo”. Por otro lado, señala que la empresa ya concilió con los grupos familiares de 33 de los fallecidos y que “inclusive hemos tenido acercamientos con algunos de los familiares de Carlos Arturo Guerrero y Flor María Julián”.

Esta versión la confirma Albeiro Guerrero, quien reconoce que seis de sus hermanos no participaron en la demanda instaurada por De la Espriella y prefirieron conciliar con la petrolera.

Bocanegra explica que las conciliaciones se han hecho basadas en lo señalado por el Consejo de Estado: “dependiendo del grado de consanguinidad, la conciliación puede oscilar entre 50 o 100 salarios mínimos”. Además insiste en que todos los procesos son vigilados por la Procuraduría y pasan a un juzgado en Pereira, donde se determina si se debe proceder con el reconocimiento.

Pero otra es la cifra que busca De la Espriella con el proceso: “En cuanto a las víctimas del homicidio, no se trata de una responsabilidad administrativa sino penal, y en este caso la indemnización puede llegar a los mil salarios mínimos“, le dijo a El Espectador uno de los abogados de la firma.

De prosperar la demanda, esta cifra se sumaría a las cuentas que Ecopetrol presenta: $14.000 millones en indemnizaciones, $8.000 millones en inversión y $3.600 millones en educación, sin contar las ayudas humanitarias, los sepelios y los subsidios de transporte.

Albeiro Guerrero tiene otra percepción de lo sucedido: “Como en todas las tragedias, los primeros días fueron muy puntuales con las ayudas, pero fue pasando el tiempo y ahora el acompañamiento ha sido muy poco. El tema de vivienda tampoco se ha solucionado. Yo pienso que la mayoría de los que conciliaron lo hicieron porque están en una situación difícil y creo que así no es, los que conciliaron se dejaron comprar por lo que les dieran”.

Lo cierto es que falta un buen tiempo para que se sepa quién tiene la razón. Por el momento, las denuncias en contra de Ecopetrol se suman a la lista de procesos represados por el paro judicial y han avanzado poco. Desde el 23 de octubre reposa en la Procuraduría una solicitud de intervención y vigilancia especial en la investigación penal, pero no hay ningún pronunciamiento al respecto.

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