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Judicial 3 Dic 2012 - 7:02 pm

Irregularidades en contratación

Detrimento por contratación para seguridad de cárceles ascendió a $37 mil millones

La Fiscalía le imputó cargos a dos personas relacionadas con la adjudicación de contratos.

Por: Elespectador.com
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Foto: Daniel Iannini / Elespectador.com

Ante el juez 19 de garantías, la Fiscalía le imputó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo a Diana Nassif de Rima y Santiago Porras por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la contratación para el suministro de elementos de seguridad para varias cárceles del país a un costo de 53 mil millones de pesos.

Según la Fiscalía, los hechos se presentaron en noviembre de 2008, cuando el entonces Ministerio del Interior y de Justicia adjudicó un contrato por dos años, para el suministro, la instalación, el desarrollo, la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad en las cárceles de Bogotá, Medellín y Puerto Triunfo (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), y Jamundí (Valle del Cauca).

En este proceso los ahora imputados habrían presentado documentos sin el lleno de los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso licitatorio en beneficio de otro proponente.

“No se presentaron los certificados de idoneidad o de existencia de las sociedades y firmó como suplente, desplazando al titular de la Unión Temporal, quien dijo que nunca dio la autorización de presentar la propuesta”, precisó la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional Anticorrupción.

En este sentido consideró que dichas irregularidades en la adjudicación le ocasionaron al Estado un detrimento patrimonial a los 37 mil millones de pesos, “tras un avance de tan solo el 15 por ciento de las obras desde el año 2010. En los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas, exclusas obsoletas y cables que han sido apropiados por los internos”.

En el marco de la audiencia se presentaron presentó grabaciones de llamadas a celular en las que se hicieron menciones a las irregularidades que rodearon ese proceso de contratación, entre las cuales se encuentran unas reuniones en un hotel de Bogotá en las que se pactaron el pago de 1.000 millones de pesos para asegurar la entrega del contrato.

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