Fiscalía pedirá 13 años de cárcel para Emilio Tapia

Foto: Diana Sánchez

A una pena de trece años de cárcel sería condenado el excontratista del IDU Emilio Tapia si el juzgado de conocimiento avala el preacuerdo que logró con la Fiscalía General, en desarrollo de la investigación que le siguen las autoridades adelantan por el llamado carrusel de la contratación.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que a Tapia se le acusará por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés ilícito en la celebración de contrato. Del mismo modo, el preacuerdo indica que el excontratista tendrá que indemnizar al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por los perjuicios causados, los que serán debidamente tasados por el juez de conocimiento en la sentencia correspondiente.

Tapia está obligado a colaborar con la justicia con su testimonio en los casos de otros procesados por los mismos hechos, así como a entregar documentos que permitan esclarecer y adelantar las investigaciones que al respecto realiza la Fiscalía. Montealegre enfatizó que “dada la importancia de su colaboración por el aporte de documentos y servir de testigo, la Fiscalía pedirá que la pena sea domiciliaria”.

Por otra parte, el Fiscal dijo que se solicitó audiencia de imputación para el caso en contra del también excontratista Julio Gómez por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Además, se pedirá que le apliquen agravantes por tratarse de delitos cometidos con bienes del Estado.

Asimismo, la Fiscalía pedirá en contra de Gómez la imposición de medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Estas decisiones surgen a raíz de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado desde la imputación de la acusación emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. Se está a la espera de que se fije fecha para la imputación.

Con respecto a la misma investigación, la Fiscalía también solicitó audiencia de imputación en contra del abogado Álvaro Dávila por la presunta realización de los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho. Igualmente, en su contra se pedirá medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.

Montealegre señaló que se están realizando negociaciones con Dávila para establecer algún tipo de colaboración; pero, “mientras esto culmina, la decisión de la Fiscalía es imputar y solicitar su detención preventiva”.

En contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, cuyo proceso se encuentra en etapa de juicio, la Fiscalía imputará otros delitos debido a una “pluralidad de cohechos” en los que habría incurrido en el ejercicio de su cargo”

También, a siete funcionarios del IDU y un exrepresentante legal de la Unión Temporal Transvial, contratista de la calle 26 de Bogotá, se les acusó este martes de la comisión de los delitos interés ilícito en la celebración de contrato y falsedad ideológica.

Por último, El Fiscal General informó que fue ordenado el traslado de no menos de diez procesos contra el grupo Nule que se adelantaban en todo el país, para que sean conocidos y fallados en Bogotá. Los delitos que se investigan son: falsedad, fraude procesal y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.