Adiós a las guahibiadas

Apenas sobreviven 550 miembros de la comunidad Hitnú, 100 de ellos padecen del mal de Chagas. / Cortesía: ACNUR

Cuentan que en Arauca hubo un tiempo en el que usar zapatos de piel de indígena era signo de distinción. Dizque ayudaban a curar los callos de los pies. Algunos colonos tenían como “deporte” cazar aborígenes. Los perseguían, y cuando los encontraban, los asesinaban. En ocasiones, los desollaban y se quedaban con su piel como “trofeo”. A las mujeres, cual si fuesen ganado, las enlazaban y amordazaban; luego las violaban. A estas “prácticas” se les conocía como guahibiadas.

Así las llamaban en referencia a la comunidad Guahiba. Los campesinos creían que todos los indígenas eran guahibos. Además, creían que no estaba mal matar a aborígenes. Por lo menos, así lo expresó un colono durante un juicio realizado en los años 70. Con el tiempo, las guahibiadas se acabaron. Ya no desvelan a los indígenas de Arauca. Sin embargo, su situación no es mucho mejor que la de aquella época en que eran cazados como si fuesen animales.

En Arauca viven cerca de 3.800 indígenas de siete etnias diferentes: Betoye, Chiricoa, Hitnú, Kuiba, Piapoco, Sikuani, U’wa. Sobreviven en medio del conflicto armado que sufre esa región del país. Además, con sus territorios cada vez más reducidos por cuenta de la explotación petrolera. En ese departamento se producen alrededor de 72 mil barriles de crudo al día. Asimismo, de allí parte el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más largo del país y, en ese departamento, se construye otro oleoducto, el Bicentenario.

Esto ha perjudicado a algunos ecosistemas de la región y, de contera, a las comunidades indígenas que en ellos se encuentran y que se quejan de que la selva ya no da lo suficiente para vivir. A esto se suma la crisis sanitaria que viven varias etnias, debido a que muchos de sus miembros padecen de enfermedades subtropicales, como el mal de Chagas y la Leishmaniosis.

Así lo sintetizó el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, en su plan de gobierno: “Las comunidades indígenas, especialmente las de tradición nómada, presentan problemas estructurales en su economía, con un nivel muy inferior a la subsistencia. Actualmente, presentan precarias condiciones de salud, déficit de territorio y de agua potable para consumo humano, deficiencia cualitativa y cuantitativa de la vivienda, violencia interna y externa, delincuencia, descomposición sociofamiliar, desplazamiento forzado, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, especialmente bóxer”.

Y agregó: “Otra problemática recurrente tiene que ver con el maltrato y abandono infantil, así como la precariedad en materia de seguridad alimentaria que se refleja en la subalimentación y altos índices de desnutrición; circunstancia que los deja enfrentados a difíciles condiciones de supervivencia física y cultural. El hambre y la desnutrición se convierten en la principal amenaza de estas comunidades, como precursora de múltiples enfermedades como tuberculosis”.

Por esta situación, la Corte Constitucional emitió los autos 4 de 2009 y 382 de 2010; en este último alertó que una de las siete etnias de Arauca estaba en inminente peligro de extinción: los Hitnú o Macaguán. Esta comunidad fue contactada por los “occidentales” a mediados de 1970. Se encuentra ubicada en el resguardo San José de Lipa en la Selva del Lipa, un ecosistema entre los municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón, Arauca y Arauquita, en el que confluyen algunos de los ríos más importantes del departamento.

Al respecto, aseguró que “el riesgo de exterminio de este pueblo [compuesto por 550 indígenas] es grave e inminente (...) Los peligros para la vida y la salud que se ciernen sobre este pueblo son de tal magnitud que no pueden seguir siendo desatendidos por el Estado colombiano”.

Sin embargo, de acuerdo con Alexander Uncasia, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en esta región del país, “no se ha cumplido con lo que se pactó en el auto. No ha habido apoyo del Estado”. Y lamentó que, según él, no ha habido coordinación por parte de las diferentes entidades del Estado a la hora de crear políticas públicas para las comunidades indígenas. E indicó, además, que la situación de los Hitnú es difícil y que, lo peor, es que se agrava con los días.

De acuerdo con una defensora de derechos humanos que ha trabajado con los Hitnú pero que prefirió no revelar su identidad,esa comunidad vive una crisis, debido a que de 150 de los 550 indígenas de la comunidad sufren del mal de Chagas y, para colmo de males, grupos armados ilegales, específicamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) le impiden a las autoridades acceder al resguardo en San José de Lipa.

A esto hay que sumarle que la Selva del Lipa está plagada de minas antipersonal, lo que dificulta aún más el acceso a esa región. La defensora indicó que de no tratarse a tiempo el mal de los Hitnú, estos perderían hasta 10 años de su esperanza de vida. Pero el problema no acaba allí. En las Rondas Colombia de 2010 y 2012, el Gobierno concesionó los pozos Llanos 3 y 41 en la Selva del Lipa. El Llanos 41 se le concesionó a la petrolera Alange Energy Corporation que en 2010 anunció una millonaria inversión para explorarlo y explotarlo.

Pero en el 2011, Alange se convirtió en Petromagdalena y en el 2012 fue comprada por Pacific Rubiales. De acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, en este momento, no hay obras en la región. Al parecer, apenas se han hecho algunas consultas con las comunidades. Sin embargo, Pacific Rubiales le informó a este diario que Llanos 41 no hace parte de sus activos y que en la Selva del Lipa no hay ninguna operación. Nadie explica qué pasó.

Sin embargo, no por esto las petroleras han quitado sus ojos de la Selva del Lipa. De acuerdo con el Defensor Comunitario para Asuntos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Carlos David Rodríguez, con este panorama “muchos están privilegiando un modelo económico por encima de las comunidades indígenas”.

Varios proyectos han sido realizados por las autoridades de Arauca para ayudar a las comunidades indígenas. La Gobernación de ese departamento ha comprado predios para ubicar a los aborígenes y los Ministerios del Interior y de Protección Social siguen atentamente lo que ocurre en esa región. No obstante, los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Por ello, el próximo 17 de diciembre habrá una reunión de entes locales y nacionales para planear cómo salvar de la extinción a los Hitnú y decirle adiós a lo que parece ser una nueva versión de las guahibiadas.