Desmovilizados podrían pagar hasta 60 años de cárcel

La Ley de Justicia y Paz determinó que accederían a penas máximas de ocho años sólo quienes cumplieran con la verdad y la reparación de víctimas. / Archivo

A menos de un año de que de los 4.511 postulados de Justicia y Paz comiencen a exigir su libertad por pena cumplida, la Fiscalía de Eduardo Montealegre está decidida a lograr a toda costa la exclusión de 354 desmovilizados de las autodefensas de los que no se sabe su paradero, que no han asistido a las audiencias citadas, que han mentido descaradamente o distorsionado la verdad, o que desde prisión siguen manteniendo sus redes criminales y reciclando la violencia.

El pasado 4 de diciembre, el fiscal Montealegre recibió un informe de cinco páginas en el que se hacía una radiografía de los expedientes, avances o inconsistencias de los postulados de Justicia y Paz. Luego de cruzar durante meses información de los distintos despachos de Justicia y Paz, se estableció que de 271 postulados no se sabe sino su nombre, nadie da razón de ellos, jamás se presentaron a versión libre o a audiencias de imputación, y el caso más dramático de estas memorias fragmentadas o nulas que no han querido reconstruir los exintegrantes de las AUC es el departamento de Antioquia.

En esta región se desaparecieron literalmente del mapa 135 desmovilizados. En otras el número más alto de postulados perdidos es Córdoba, con 34 casos. Para colmo, la Fiscalía documentó casos de ocho desmovilizados que tan solo han confesado hechos por los cuales ya la justicia había dictado sentencia en su contra y han omitido todo lo demás (ver infografía). Hay 30 postulados que resultaron condenados con posterioridad a su desmovilización por toda clase de delitos cuando, se suponía, estaban reintegrándose a la sociedad. Y en el departamento de Cesar se constataron dos episodios de desmovilizados que tras las rejas continuaban delinquiendo.

En los tribunales de Antioquia, Casanare, Cesar, Huila, Meta, Putumayo, Santander y Valle del Cauca ya fueron radicadas las primeras 40 solicitudes de exclusión de desmovilizados. Las demás se irán radicando en las próximas semanas, pues la Fiscalía está convencida de que todos estos postulados no han cumplido con la verdad, la justicia y la reparación exigidas en la ley y, por lo tanto, no deberían acceder a los beneficios de la pena alternativa contemplada de ocho años. De hecho, al momento de su promulgación en julio de 2005, defensores de derechos humanos criticaron con vehemencia que comandantes paramilitares que hasta habían cometido crímenes de lesa humanidad recibieran sentencias tan bajas.

En el largo listado que se hará público en los próximos días sobre estos desmovilizados figuran ocho excomandantes paramilitares: Rubén Giraldo Giraldo, alias Raúl, del frente urbano de Santa Marta del bloque Resistencia Tayrona; su compañero de filas Rubén Francisco Arrieta, alias El Ñate; Rafael Armando Forero, alias Zarco, comandante del bloque Capital; así como Johnny Delgado Hincapié, alias Caicedo, también de esta estructura. Por su parte, John Jairo Palomeque Mosquera, Ómar Egidio Tamayo Carmona y Nelson Enrique Bejarano Serna (del bloque de Puerto Boyacá) fueron sentenciados por delitos posteriores a su dejación de las armas.

El último comandante sobre el que se radicó la solicitud de exclusión fue Hiller de Jesús Paniagua, alias la Fiera, del bloque Sur Putumayo. Nadie sabe dónde está. Con un diagnóstico tan grave para la verdad sobre la barbarie paramilitar en Colombia como el consignado en el documento del 4 de diciembre, el fiscal Montealegre de inmediato tomó la decisión política de depurar a como dé lugar los listados de los desmovilizados que con todos los problemas logísticos o temores por eventuales retaliaciones sí han contribuido en la reconstrucción de la memoria y la reparación a las víctimas.

En la mañana de ayer, el fiscal Montealegre dijo sin rodeos que después de un primer barrido a los procesos de Justicia y Paz se estableció que casi el 10% de los postulados tenían una deuda con la justicia, la memoria histórica o las víctimas. Por ese motivo se impulsan ahora las exclusiones que en todo caso deberán ser avaladas por jueces de la República. De ser expulsados, podrían enfrentarse a penas de hasta 60 años de prisión. Hasta la llegada de Montealegre sólo se habían solicitado 27 exclusiones, entre las que sobresalen las de el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.

A pesar de que se ha constadado que han mentido o que no han confesado todas sus verdades, ha sido imposible sacarlos de Justicia y Paz. En el caso de Saldaña hay varias particularidades: por ejemplo, el gobierno Uribe lo nombró gestor de paz para incentivar que otros guerrilleros en las cárceles aceptaran confesar sus delitos, pero en ese proceso se descubrieron irregularidades de Saldaña que hicieron que la Fiscalía solicitara su expulsión de Justicia y Paz. En ese contexto de verdades a medias, se conocieron sus denuncias por la desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, por las que hoy está prófugo de la justicia el excomisionado Luis Carlos Restrepo.

Consultado por El Espectador, el vicefiscal Jorge Perdomo sostuvo que tangencialmente esta depuración está relacionda con el llamado cartel de testigos que ha sido denunciado desde hace años y del que fueron víctimas, entre otros, el exdiputado del Valle Sigifredo López y el congresista liberal Luis Fernando Velasco. En el caso de este último se probó que uno de los jefes del bloque Calima, Armando Lugo, alias El Cabezón, lo estaba chantajeando para no declarar en su contra. Lugo ya fue condenado por extorsión y en poco tiempo le serán imputados además los delitos de falso testimonio y fraude procesal.

“Debimos haber sido más ágiles en esto, pero bueno, lo estamos haciendo ya y eso también es importante. Estos asuntos debieron haberse revisado con mucha más seriedad desde antes”, le dijo el vicefiscal Perdomo a este diario. Iván Cepeda, representante a la Cámara y vocero del Movimiento de Víctimas del Estado (Movice), criticó lo tardío de la decisión: “Es muy triste que este proceso, que ha significado tantos esfuerzos de las víctimas, termine siendo un fracaso; que los postulados no se hayan dado cuenta de sus deberes; y que la Fiscalía no haya tenido los elementos necesarios para enjuiciar a estas personas debidamente”.

Esta decisión de la Fiscalía es la primera que se toma con base en la reforma que se le hizo a la Ley de Justicia y Paz, que aprobó en este periodo el Congreso. Fuentes de Justicia y Paz afirmaron que esa modificación dejó al organismo investigador con más dientes para pedirles a los jueces que ciertos postulados no accedan a los beneficios que dejó como legado del proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe. Para los fiscales, era un secreto a voces que muchos desmovilizados habían asumido este programa como un escampadero, un lugar para escapar de condenas graves sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero ahora, para la Fiscalía, esta determinación es un mensaje contundente hacia aquellos que piensan así: “No se equivoquen”.